- Una subida inesperada de la Tasa Enresa rompe el acuerdo sellado en 2019 entre Gobierno y compañías eléctricas y amenaza con desestabilizar el calendario de cierre.
- El pulso entre el Gobierno y las eléctricas por el coste de los residuos nucleares va directo hacia los tribunales.
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Desde hace años, el tema de la energía nuclear en España gira en torno a la generación eléctrica. Pero, también, está pendiente de lo que vendrá después: cómo cerrar, desmantelar y almacenar lo que queda cuando los reactores se apaguen. En ese escenario entra la ya famosa “Tasa Enresa”, un tributo que pagan las compañías eléctricas para costear la gestión de los residuos radiactivos. Hasta aquí, todo parece tener lógica. El problema ha surgido con su cuantía.
Lo que era una herramienta de financiación pactada se ha convertido en un punto de fricción que podría acabar en los tribunales. Las eléctricas aseguran que la última subida del 30% aprobada por el Gobierno ha roto el compromiso alcanzado en 2019. Desde el Ejecutivo, sin embargo, consideran que la medida es imprescindible para garantizar la seguridad del desmantelamiento de las centrales. La brecha está abierta.
Un pacto roto y millones en juego por la Tasa Enresa
En 2019, el Gobierno y las compañías eléctricas sellaron un acuerdo que contemplaba un calendario de cierre para las centrales nucleares. Almaraz iniciaría el apagado en 2027 y Trillo sería la última en 2035. El pacto incluía, además, que la Tasa Enresa para costear el desmantelamiento se mantendría estable. Sin embargo, en 2023 se rompió ese equilibrio con una subida del 30%.
Ese incremento elevó la tasa a 10,36 euros por megavatio hora, frente a los 7,98 euros anteriores. Desde el punto de vista de las eléctricas, se trató de una modificación unilateral que desvirtúa lo pactado. Y no se trata solamente de una cuestión de principios: Endesa e Iberdrola ya han pedido la devolución de más de 750 millones de euros, al considerar que el cobro ha sido indebido.
El Ejecutivo argumenta que el cambio responde a una reconfiguración del plan de gestión de residuos. El Almacén Temporal Centralizado, que debía ubicarse en Villar de Cañas, no salió adelante. En su lugar, se optó por fragmentar el almacenamiento en siete ubicaciones diferentes, todas junto a las centrales. Un modelo más costoso, sí, pero más realista según el Gobierno. Esta decisión ha disparado las tensiones y pone en duda la viabilidad económica de las centrales en su recta final. La industria denuncia que operar bajo esta nueva carga impositiva es casi insostenible.
El precio del silencio nuclear no es sólo la Tasa Enresa
Cerrar una central no consiste simplemente en apagar un interruptor. La operación completa para sellar las instalaciones, tratar y custodiar los residuos tiene un precio estimado de más de 20.000 millones de euros. Hasta ahora, el fondo que lo financia acumula unos 8.000 millones, aportados en su mayoría por las empresas operadoras. Con ese desfase, la subida de la Tasa Enresa aparece como la vía más directa para cubrir el agujero. Pero las compañías cuestionan que se les haga pagar un modelo que ni compartieron ni aprobaron. Además, critican la existencia de otros tributos paralelos que, a su juicio, duplican esa carga.
Según un estudio de PwC, además de la Tasa Enresa, las nucleares abonan impuestos por la producción de residuos y ecotasas autonómicas, que suman más de 10 euros por megavatio hora. En conjunto, estiman que el total de impuestos sobre la generación nuclear alcanza los 28 euros por MWh. En comparación, hace unos años el coste era de apenas 16 euros.
Esa diferencia, aseguran, pone entre la cuerdas la rentabilidad del negocio. Más aún si se considera que, con el cierre ya programado, las inversiones a largo plazo están descartadas. La única opción viable que plantean es renegociar las condiciones del desmantelamiento o, al menos, contener la presión fiscal.
De vuelta a Francia: el precio de no tener almacén
España arrastra desde hace décadas un problema estructural con el almacenamiento de residuos nucleares. En los años 80, un incendio en la central de Vandellós I precipitó su cierre. La falta de infraestructuras llevó a contratar el servicio de almacenamiento con Francia, con la promesa de repatriar esos residuos antes de 2010.
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Esa repatriación aún no se ha producido. La consecuencia directa es una penalización diaria de más de 80.000 euros. Mientras tanto, en suelo español se siguen generando residuos: sólo en 2023, las plantas produjeron casi 700 metros cúbicos de residuos de baja y media intensidad, y otros 2.500 de alta intensidad. El problema no es solo económico. También hay un componente técnico: los residuos más peligrosos tardan más de tres décadas en reducir su nivel de radiactividad a la mitad. Algunos efectos pueden durar siglos, lo que requiere soluciones de largo plazo que aún no están del todo claras.
La falta de un almacén central, el aumento de los costes y la presión del calendario de cierre dibujan un panorama incierto. Las eléctricas ya han dicho que no están dispuestas a asumir solas la factura. Y el Gobierno, de momento, no cede. Todo apunta a que el conflicto de la Tasa Enresa tendrá que resolverse en los tribunales.
- Belén Valdehita
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