- Según Red Eléctrica, el actual expediente sancionador carece de base técnica suficiente tras la entrega de 50 informes que acreditan la correcta gestión del mix energético ese día.
- La dirección de Red Eléctrica solicita el sobreseimiento de la causa al detectar un «conflicto de interés» que invalida la objetividad necesaria en el procedimiento administrativo actual.
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Redeia, la matriz que gestiona Red Eléctrica y el transporte de electricidad en España, ha formalizado sus descargos frente a la propuesta de castigo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La empresa sostiene que el proceso abierto el 17 de abril presenta carencias de rigor informativo que impiden una defensa justa. Según los documentos presentados el 12 de mayo, la operadora entregó anteriormente 50 informes técnicos que, sin embargo, no figuran en el dosier oficial. Esta omisión de pruebas resulta clave por parte del ente regulador, motivando la solicitud de clausura inmediata del proceso administrativo.
La tensión entre ambas instituciones se agrava tras la apertura de 60 investigaciones simultáneas en el sector energético por parte del organismo que dirige Cani Fernández. En el caso específico de Red Eléctrica, se le acusa de una falta «muy grave» bajo el artículo 64.25 de la normativa eléctrica vigente. La compañía presidida por Beatriz Corredor argumenta que no hay hechos concretos que sustenten tal calificación. Al no detallarse las negligencias exactas en la programación de la generación, el operador se considera en un estado de vulnerabilidad jurídica frente al regulador estatal.
Pruebas de Red Eléctrica contra la CNMC
La defensa técnica de la compañía se apoya en la total ejecución de los protocolos de seguridad de suministro durante la jornada del apagón del 28 de abril de 2025. Red Eléctrica afirma que sus decisiones técnicas se ajustaron estrictamente a lo estipulado en el artículo 30.2 de la Ley del Sector Eléctrico. Para demostrarlo, han aportado una batería de datos sobre la estabilidad de la red y la gestión de las fuentes de energía. La empresa lamenta que deba realizar un esfuerzo probatorio adicional para confirmar su inocencia ante la vaguedad de los cargos presentados por la CNMC hace semanas.
El silencio administrativo respecto a la documentación técnica enviada con antelación es uno de los puntos más críticos de la alegación. Redeia insiste en que la complejidad de las operaciones del 28 de abril requiere un análisis que el regulador parece haber ignorado. Al no incluir los reportes internos en el cuerpo de la investigación, se priva al operador de un análisis equilibrado sobre su responsabilidad. Por ello, exigen que se reconozca la inexistencia de infracciones y se proceda al cese de las actuaciones legales de forma permanente.
Dudas de Red Eléctrica sobre el conflicto de interés en la CNMC
El escrito de alegaciones incluye un apartado contundente donde se menciona un “conflicto de interés en el organismo regulador que comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad”. Esta acusación pone en entredicho la neutralidad de los responsables de vigilar el mercado eléctrico nacional.
Para la operadora, cualquier sospecha sobre la independencia del árbitro debería bastar para frenar la sanción. Aseguran que la equidad es fundamental en un proceso donde se dirimen responsabilidades que afectan a la totalidad del sistema de transporte de energía.
La compañía recalca que este escenario de supuesta falta de neutralidad pública afecta directamente a la legitimidad de la imputación. Si los encargados de juzgar el cumplimiento normativo tienen intereses cruzados, el veredicto pierde su validez jurídica y técnica. En sus conclusiones, los representantes legales de la empresa reiteran que la transparencia del regulador está en entredicho.
Normativa y seguridad en el sistema eléctrico
La CNMC vincula el apagón a una ejecución defectuosa de las funciones de coordinación por parte de la operadora. No obstante, Red Eléctrica mantiene que todas las acciones fueron proporcionales y necesarias para evitar un colapso mayor. La legislación actual exige que el operador garantice la continuidad del servicio, un objetivo que la compañía afirma haber cumplido mediante las herramientas de supervisión que gestiona de manera habitual.
El impacto de estas diligencias se enmarca en una etapa de alta supervisión estatal, con decenas de expedientes abiertos a diversas corporaciones. La defensa de Red Eléctrica busca sentar un precedente sobre la necesidad de precisiones técnicas antes de emitir juicios por faltas graves. Sin una descripción detallada de los errores, la empresa considera que el proceso se aleja de la lógica administrativa. La resolución de este conflicto marcará la relación futura entre el supervisor del mercado y la entidad encargada de la infraestructura crítica de electricidad en el país.
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- Belén Valdehita
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Se veía venir. Los culpables (quienes desconectaron previamente sus instalaciones obviando los protocolos) tienen mucho poder.