La convalidación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, aprobado a finales de diciembre por el Consejo de Ministros tras consensuarlo con el PSOE en un acuerdo al que se sumó también Ciudadanos, se aprobará previsiblemente hoy por la tarde en el pleno extraordinario que celebra el Congreso de los Diputados.
Madrid. Elena Alonso Asensio
Es casi seguro que el Real Decreto salga adelante ya que contará con los votos de los grupos parlamentarios PP, CDs y PSOE. Está por ver que hará finalmente Unidos Podemos que ha tachado el acuerdo de unilateral y de tratarse de un «chanchullo» y, sobre todo, que piensa que es insuficiente. Desde EnergyNews intentamos ponernos ayer en contacto con su diputado Rafael Mayoral pero no fue posible.
A partir de mañana el Gobierno tiene un plazo de tres meses para desarrollar en un reglamento y concretar los procesos para evitar los cortes de luz en las situaciones que prevé el RD como las distintas categorías de consumidor vulnerable que ha dado en establecer.
¿Votará Podemos en contra del RD de Bono Social?
Pilar Lucio, portavoz socialista de Energía en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, nos dijo ayer que para su grupo esta es una cuestión que, dada la situación de muchas familias y que estamos pasando por lo meses más fríos, debería estar cerrada cuanto antes, como mucho en el plazo de un mes.
Respecto a la posición de Podemos, la diputada del PSOE piensa que «tienen muy difícil votar en contra» y que muchas de las lagunas que dicen encontrar en el Real Decreto se van a solventar en el reglamento. A su juicio, «lo único que les ha molestado es no haber sido ellos quienes han conseguido en una negociación este hito, es decir, que la propia legislación sectorial, la ley del sector eléctrico, incorpore la prohibición de los cortes de luz«.
Pilar Lucio nos ha explicado que aunque no ha hablado con ellos y desconoce la orientación de su voto dentro de Podemos «habrá quienes no estén de acuerdo en votar en contra y habrá algunos que sí«. La diputada socialista nos manifestó que si votan en contra respetaría su decisión pero que, desde luego, no lo entendería.
1,2, 3 meses para el reglamento
En cuanto al desarrollo del reglamento el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, mantuvo el pasado 17 de enero una reunión en la sede del Ministerio con representantes de los grupos parlamentarios para hablar del nuevo bono social, en la que todos se mostraron de acuerdo en usar el criterio de renta para determinar qué ciudadanos son vulnerables o no. 
En este mismo encuentro, Nadal pidió a los distintos grupos que le envíen sus propuestas concretas para elaborar una definición conjunta de consumidor vulnerable. Para Pilar Lucio, que asegura que están avanzando en la suya mano a mano con las Comunidades Autónomas y que seguramente se la presentarán esta semana, esta situación es inédita y critica que el Ministerio «no pusiera encima de la mesa ni un papel«.
¿Quién será vulnerable y cuánto?
Hay que reconocer que la decisión del Gobierno de redefinir qué consumidores son vulnerables y de establecer distintas tipologías de vulnerabilidad ha generado expectación, si no incertidumbre, en la sociedad.
Es decir, hasta ahora, todos los consumidores vulnerables -hay 2,3 millones de hogares que se benefician del bono social, aproximadamente siete millones de personas- recibían todos la misma bonificación, un 25% del precio de su factura eléctrica. A partir de que desarrolle la nueva normativa se distinguirá entre consumidores de distintos tipos de manera que las ayudas varíen en función de su renta.
Según explicó Nadal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el RD, podría haber finalmente cuatro tipo de consumidores:
-ordinarios, que se verán beneficiados por una mejora del tratamiento por su comercializadora, prácticas comerciales y mayor capacidad par comparar entre ofertas;
–vulnerables, que tendrán una definición más precisa y acorde con su situación social y los que se les dará una ayuda sobre el precio;
-más vulnerables, que gozarán de un descuento mayor por tener una renta inferior;
– extremadamente vulnerables, atendidos por los servicios sociales y para los que una administración se hará cargo de los pagos de su deuda, con una aportación adicional por parte del sistema eléctrico.
Pilar Lucio tranquiliza los ánimos y nos explica que «hemos estado trabajando a lo largo de los últimos tres años con un montón de organizaciones y entidades que han estado aportándonos ideas sobre qué sería lo más adecuado, y sobre la base de estudios. Es decir, que todos tenemos documentación suficiente como para poder hacer esa definición y que no suponga un mayor conflicto«.
Supuestos en los que se prohíbe el corte de luz
Según el texto que se convalidará hoy lo primero que se va normalizar es que las empresas comercializadoras tengan que comunicar el impago desde el primer momento en que se produce, algo a lo que no estaban obligadas hasta ahora. Además, se amplía de dos a cuatro meses, según la vulnerabilidad del consumidor, el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.
El Real Decreto establece, además, que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
Asimismo, recoge que para hacer efectivo el corte, la comercializadora tendrá que haber contactado previamente con los servicios sociales de las comunidades autónomas para preguntar si están procediendo a la tramitación de un corte sobre un consumidor extremadamente vulnerable. En caso de ser así, no se podrá interrumpir el suministro y la comunidad autónoma o la corporación local atenderá el pago de la deuda que será cofinanciado en parte por el bono social.
