El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que se reunió ayer en la sede del Ministerio con representantes de los grupos parlamentarios para hablar del nuevo bono social, les ha pedido que envíen sus propuestas concretas para elaborar una definición conjunta de consumidor vulnerable. De momento todos los partidos están de acuerdo en usar el criterio de renta para determinar qué ciudadanos son vulnerables o no.
Durante la reunión, el ministro Nadal expuso a los grupo parlamentarios la disposición del Gobierno de dialogar con todos los partidos políticos y con las Comunidades Autónomas para conciliar posturas, dice un comunicado del MINETAD.
Y es que como ya ha dicho el titular de Energía en otras ocasiones el papel de las CCAA es fundamental porque los consumidores más vulnerables son atendidos por los servicios sociales de las autonomías y los ayuntamientos.
El marco de actuación del bono social quedó establecido en el Real Decreto que aprobó el Gobierno el pasado 23 de diciembre. Contiene una medida de aplicación inmediata que es garantizar la financiación del bono social, que será asumido por todas las comercializadoras de energía eléctrica pero el resto de medidas deberán esperar a su desarrollo normativo por parte del Gobierno en un plazo de tres meses.
Quiénes son consumidores vulnerables y cuánto
El RD amplía la posibilidad de que haya una definición más variada de consumidor vulnerable. “Hasta ahora consumidor vulnerable era aquel que cumplía una serie de características pero podemos hacer diferentes tipologías -explicó el titular de Energía, Álvaro Nadal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó- que permitirán intensidades de ayuda diferentes“. 
Es decir, hasta ahora, todos los consumidores vulnerables -hay 2,3 millones de hogares que se benefician del bono social, aproximadamente siete millones de personas- recibían todos la misma bonificación, un 25% del precio de su factura eléctrica. A partir de que desarrolle la nueva normativa se distinguirá entre consumidores de distintos tipos de manera que las ayudas varíen en función de su renta.
Según explicó Nadal, podría haber finalmente cuatro tipo de consumidores: ordinarios, que se verán beneficiados por una mejora del tratamiento por su comercializadora, prácticas comerciales y mayor capacidad par comparar entre ofertas; vulnerables, que tendrán una definición más precisa y acorde con su situación social y los que se les dará una ayuda sobre el precio; más vulnerables, que gozarán de un descuento mayor por tener una renta inferior; o extremadamente vulnerables, atendidos por los servicios sociales y para los que una administración se hará cargo de los pagos de su deuda, con una aportación adicional por parte del sistema eléctrico.
Sobre la interrupción del suministro
Lo primero que se va normalizar es que las empresas comercializadoras tengan que comunicar el impago desde el primer momento en que se produce, algo a lo que no estaban obligadas hasta ahora. Además, se amplía de dos a cuatro meses, según la vulnerabilidad del consumidor, el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.
El Real Decreto establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
Para hacer efectivo el corte, la comercializadora tendrá que haber contactado previamente con los servicios sociales de las comunidades autónomas para preguntar si están procediendo a la tramitación de un corte sobre un consumidor extremadamente vulnerable. En caso de ser así, no se podrá interrumpir el suministro y la comunidad autónoma o la corporación local atenderá el pago de la deuda que será cofinanciado en parte por el bono social.
