Cruz Roja atendió a 16.887 personas en situación de pobreza energética en 2015. Además, según la OCU, a pesar de que existen 1.610.000 hogares con todos sus miembros en paro, sólo 70.000 están acogidos al bono social. Para muchos, este mecanismo de ayuda es insatisfactorio porque piensan que no garantiza que la ayuda llegue a las personas que lo necesitan.
Las empresas verticalmente integradas del sector eléctrico que deberán asumir gran parte de la financiación del bono social de 2016 tampoco están contentas. A principios de septiembre, el BOE publicaba la orden ministerial con los respectivos porcentajes que las empresas verticalmente integradas del sector eléctrico deberán asumir para financiar el bono social de 2016. Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa tendrán que financiar el 93% de la ayuda. En EnergyNews nos preguntamos entonces si éstas cuantías serían un acicate para reformar finalmente el actual esquema de este mecanismo con el que muy pocos están satisfechos.
A día de hoy, el bono social se materializa en la aplicación de la tarifa de último recurso que corresponda (con o sin discriminación horaria) calculada como un descuento del 25% sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. Las tarifas de último recurso son únicas en todo el territorio nacional y deben ser aplicadas por los comercializadores de referencia, explica el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Para poder acceder al mismo hay que cumplir alguno de los requisitos siguientes: tener una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual; tener 60 o más años de edad y ser pensionista del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad, percibiendo por ello la cuantía mínima; tener 60 o más años de edad y ser beneficiario de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez; ser familia numerosa o formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.
El bono social no llega a quienes lo necesitan
Según Enrique García, miembro del departamento de Relaciones Institucionales y Prensa de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, a pesar de que existen 1.610.000 hogares con todos sus miembros en paro, sólo 70.000 están acogidos al bono social.
Enrique García puso encima de la mesa estos datos durante un encuentro entorno al posible rediseño del bono social en el que también participaron Fernando Cuevas, responsable de Programas contra la Pobreza y Exclusión de la Cruz Roja y Miriam García Madruga, responsable de Suministro de la Dirección de Regulación de Endesa.
La compañía energética asegura que casi el 80% de las peticiones de ayuda a los Servicios Sociales no son beneficiarios de este mecanismo.
Los participantes en este encuentro, cuyo contenido ha sido difundido en un comunicado por la plataforma Energía y Sociedad, coincidieron en afirmar que para garantizar el correcto funcionamiento del bono social, es indispensable desarrollar una reforma que asegure que este mecanismo alcanza a los consumidores más vulnerables. Para ello, a corto plazo, todos concluyeron que es fundamental redefinir adecuadamente el concepto legal de “consumidor vulnerable”.
Una reforma del bono social basada en la renta
Enrique García propuso una reforma del bono social basada en la renta y el patrimonio de los consumidores utilizando, para ello, indicadores como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Asimismo, subrayó la conveniencia de incrementar el rol de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos en el proceso de asignación de ayudas, al ser conocedores de primera mano de la situación económica real de los hogares de sus municipios. Por último, señaló que el actual panorama laboral, en el que abundan los contratos temporales y la precariedad, requiere de un nuevo bono social más ágil que se adapte a este contexto.
Por su parte, Fernando Cuevas, de Cruz Roja, explicó que esta organización ha atendido a 16.887 personas en situación de pobreza energética en 2015, ya sea directamente, mediante el pago de sus facturas, o ayudando a optimizar su consumo, y resaltó la necesidad de un mayor diálogo y coordinación entre las diferentes partes implicadas. Además, propuso el desarrollo de medidas complementarias al bono social, como la formación de los consumidores mediante talleres de eficiencia energética y el uso de dispositivos de ahorro eléctrico.
Miriam García Madruga, de Endesa, propuso una combinación de medidas sociales que den una cobertura adecuada al colectivo vulnerable evitando los cortes de suministro y mejoren la eficiencia energética. Asimismo, recordó la propuesta que hizo Endesa en febrero sobre la creación de tres fondos: uno dirigido a los consumidores con derecho a bono social, otro para ofrecer financiación a aquellos clientes en situación de pobreza energética, y un tercero dedicado a impulsar medidas de mejora de la eficiencia energética de los clientes en situación de pobreza energética. Estos fondos estarían financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado –los dos primeros- y al Fondo Nacional de Eficiencia Energética –el tercero-.
