Siete millones de personas tienen dificultades para pagar la luz y más de cinco millones no tendrán calefacción este invierno, según la Plataforma #NoMásCortesDeLuz que achaca el problema, sí, al crecimiento y cronificación del desempleo y a la drástica reducción de salarios pero también «a una escandalosa subida de tarifas».
Estos datos fueron difundidos el 20 de diciembre cuando la Plataforma #NoMásCortesDeLuz convocó una manifestación en Madrid contra la pobreza energética. Según sus cálculos, sólo las tres grandes eléctricas españolas han conseguido desde el inicio de la crisis beneficios que superan los 56.000 millones de euros.
Según el Informe la Sostenibilidad en España 2016 publicado por el OSE, la pobreza energética en España se ha incrementado en un 22% entre 2012 y 2014 situándose por encima de la media de la UE27. Y añade: «La elevación de los porcentajes de pobreza energética según diferentes metodologías se producen en paralelo al incremento de los costes unitarios del gas natural y de la electricidad para los consumidores domésticos, en cuyo ranking España se sitúa como segundo y cuarto país con precios respectivos más elevados«. 
Pobreza energética y salud
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) estima que la pobreza energética podría estar detrás de entre 2.300 y 9.300 muertes al año en nuestro país, una cifra -afirma- superior a la de muertes por accidente de tráfico en la actualidad.
Y es que vivir en un piso con bajas temperaturas durante el invierno, o incluso con moho y humedades, tiene efectos perjudiciales sobre nuestra salud. ACA señala que a pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales como asma, artritis, reumatismo, depresión o ansiedad, etc…
Como siempre, las consecuencias afectan más a los segmentos de la población más vulnerables como niños, adolescentes y ancianos. En este último grupo, además, la pobreza energética es una de las causas del aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias durante los meses de invierno.
A vueltas con el bono social
Precisamente el grupo de las eléctricas que financiaban el bono social ganaron el pulso al Gobierno con una sentencia a su favor del Tribunal Supremo que ha llevado a un nuevo Real Decreto por el que todas las comercializadoras de electricidad pagarán el bono social.
Como ha explicado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, este RD viene a “solucionar el tema más acuciante, que es clarificar la financiación del bono social, que quedó en entredicho después de la última sentencia del Tribunal Supremo. Se evitan los elementos que el propio Tribunal señaló que podían suponer una discriminación entre los diferentes operadores y, en ese sentido, la propuesta fundamental lo que busca es financiar ese bono social correctamente».
Dividendos, beneficios y refacturaciones
Mientras tanto, Endesa se ha propuesta en la actualización de su plan estratégico para el período 2017-2019 reforzar su política de dividendos. En concreto, prevé repartir entre sus accionistas 6.000 millones de euros, según ha informado Europa Press, que afirma que ya esta semana abonará un dividendo de 0,7 por acción. En los nueve primeros meses de 2016 Endesa aumentó su beneficio en un 22% una vez eliminados los efectos extraordinarios.
Por otro lado, hace unas semanas el BOE publicó los márgenes de comercialización que las empresas que suministran electricidad con PVPC pueden incluir en sus precios. El problema es que se trata de los márgenes correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, con lo que los consumidores acogidos a esta modalidad de pago, más de doce millones, van a ser refacturados.
El nuevo Real Decreto y la pobreza energética
El nuevo Real Decreto aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros contempla, además de la financiación del bono social, algunas medidas para abordar el problema de la pobreza energética que se tendrán que desarrollar a lo largo de tres meses:
-Hasta ahora, todos los consumidores vulnerables -hay 2,3 millones de hogares que se benefician del bono social, aproximadamente siete millones de personas- recibían todos la misma bonificación, un 25% del precio de su factura eléctrica. A partir de que desarrolle la nueva normativa se distinguirá entre consumidores de distintos tipos de manera que las ayudas varíen en función de su renta.
-Se va normalizar es que las empresas comercializadoras tengan que comunicar el impago desde el primer momento en que se produce, algo a lo que no estaban obligadas hasta ahora. Además, se amplía de dos a cuatro meses, según la vulnerabilidad del consumidor, el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.
Supuestos en los que se prohíbe el corte de luz
El Real Decreto establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
Para hacer efectivo el corte, la comercializadora tendrá que haber contactado previamente con los servicios sociales de las comunidades autónomas para preguntar si están procediendo a la tramitación de un corte sobre un consumidor extremadamente vulnerable. En caso de ser así, no se podrá interrumpir el suministro y la comunidad autónoma o la corporación local atenderá el pago de la deuda que será cofinanciado en parte por el bono social.
