Hay completa unanimidad entre todos los grupos parlamentarios sobre la necesidad de mantener el status quo del bono social y que se siga financiando por las comercializadoras eléctricas, aunque, si bien este deber sólo correspondía hasta ahora a las integradas, la nueva legislación extenderá esta obligación a todas sin discriminación.
La aprobación de este decreto ley podría ocurrir en cuestión de semanas. Lo ha explicado ayer el propio ministro de Energía a los periodistas a la salida de la reunión que Álvaro Nadal mantuvo con los grupos parlamentarios para abordar medidas en la lucha contra la pobreza energética y la reforma del bono social.
La nueva norma sería un primer paso de cara a garantizar el status quo de esta herramienta de protección al consumidor vulnerable, insistió Nadal, pero no la única línea de trabajo que se ha abierto durante la reunión de ayer. En este sentido, al margen de este decreto ley el Gobierno quiere trabajar conjuntamente con todos los grupos para encontrar la manera de mejorar el bono social, por una lado, proteger al consumidor, por otro, y, además, dar una salida a los consumidores extremadamente vulnerables.
Mejorar el bono social y proteger al consumidor
El ministro habló de la necesidad de «ayudar a proteger al consumidor, que haya buenas prácticas comerciales hacia él, que conozca sus derechos y cada vez sepa mejor las diferentes ofertas que se le brindan desde el sistema eléctrico y desde las comercializadoras para que pueda comparar y que sea más consciente sobre cómo mejorar su situación«.
En la reunión llegaron todavía más lejos y hablaron de los consumidores extremadamente vulnerables, es decir, «aquellos que están en una situación de mayor pobreza, que ya no se pueden pagar su suministro«, explicó Álvaro Nadal.
Esta es para el ministro el punto más complejo de los que se han tratado en la reunión ya que requiere un gran estudio sobre cómo construir el sistema que debe respetar, subrayó, las diferentes competencias de las administraciones autonómicas.
De sus palabras se dedujo que en esta labor hay diferencias que salvar pero que todos irán presentados sus modelos y trabajando sobre ellos de manera que sean capaces de lograr una mayoría suficiente para sacar adelante una solución que atienda este tipo de situaciones y cuya financiación estaría por ver.
Acompañado por el Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, a esta primera reunión asistieron Melisa Rodríguez Hernández (GP Ciudadanos), Pilar Lucio Carrasco (GPS), Josep Vendrell Gardeñes (GP Podemos), Lucía Martín González (GP Podemos), Joan Capdevila i Esteve (ERC), Isidro Manuel Martínez Oblanca (GP Mixto), Guillermo Mariscal Anaya (GPP), Carles Campuzano (Grupo Mixto-Partido Demócrata Catalán), Ana Oramas (Grupo Mixto- Coalición Canaria) y Miguel Legarda (Grupo Parlamentario Vasco).
