La AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos) alerta sobre los riesgos de mantener el gravamen extraordinario a energéticas. Señalan que podría tener consecuencias lesivas para: la competitividad del sector; el proceso de transformación de la industria; el empleo; la autonomía energética de España y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país. Mantenerlo podría en riesgo inversiones por valor de 16.500 M€.
El gravamen se introdujo de manera extraordinaria para hacer frente a la peor crisis energética mundial en décadas. Y se estableció por un periodo máximo de dos años.
Su prórroga se ha pactado entre las dos formaciones políticas que conforman el gobierno: PSOE y Sumar. Pero su prolongación, según la AOP:
“Contradice la normalización de los mercados y la apuesta de la Unión Europea por fomentar la competitividad y el liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas”.
Además, añaden que el gravamen:
“Penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre”.
Medida contraproducente
Desde la AOP recuerdan que se necesitan más inversiones para acelerar la transición energética que recoge el PNIEC. EL borrador del PNIEC 2023-2030 eleva la cifra de inversiones necesarias a 294.000 M€. Y, de esa cantidad, el 80% debe proceder del sector privado.
El gravamen extraordinario hace que las inversiones estén expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria. Las compañías, representadas por la AOP, tienen proyectadas, hasta 2030, inversiones superiores a los 16.500 millones de euros. Pero esas inversiones se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras -que no crean empleo. Asimismo, frente a otros países sin objetivos climáticos. Todo ello penalizaría a la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización.
Además, la AOP considera que la prolongación del gravamen va en contra de la política energética de la Unión Europea:
“Centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios”.
Igualmente subrayan el papel calve de las empresas representadas en la AOP tras la invasión de Ucrania. Dicen que España no tuvo problemas de suministro de energía gracias a las inversiones de estas empresas en la mejora de capacidad y flexibilidad de sus instalaciones.
La AOP rechaza la medida
En consecuencia, la AOP reitera su rechazo a este impuesto, que añaden:
“Vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta debería esperar a los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen”.
La asociación pide, una vez más y con urgencia, un marco regulatorio y fiscal que incentive las inversiones en la transición energética de esta industria. Asimismo, la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas.
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