El transporte público como clave en la lucha contra el cambio climático, la futura Ley de Cambio Climático, la financiación inexistente del transporte público y el impulso a los planes de movilidad en las ciudades han sido los ejes sobre los que se ha desarrollado el desayuno informativo organizado por ATUC y APIA.
“La gente no establece una conexión entre la movilidad y el medio ambiente”, con esta frase daba comienzo Jesús Herrero, Secretario General de ATUC (Asociación de empresas gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos), el desayuno informativo organizado esta mañana por la misma entidad en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental.
Antes de explicar la propuesta de ATUC para potenciar el transporte público como solución a la contaminación, se ha puesto sobre la mesa el contexto de la situación actual. España es uno de los nueve países europeos que incumple de manera sistemática la normativa contra la contaminación del aire y sufre cada año la muerte de 25.000 personas derivada de este problema medioambiental.
Para Jesús Herrero, el primer paso ante la lucha contra la contaminación es la concienciación de la población de que “estamos jugando con fuego” y una apuesta decidida por el transporte público, basada en desincentivar el uso del coche privado y haciendo del transporte público una alternativa real de movilidad.
Tras contextualizar la situación real de nuestro país, la primera de las propuestas de ATUC ha sido revisar los impuestos medioambientales, con el objetivo de destinar una parte para financiar e invertir en el transporte público, estimada en unos 500 millones de euros anuales. Esta cifra procedería del total de recaudación neta conseguida del aumento del impuesto a los hidrocarburos. No se trata de penalizar al vehículo privado, sino de convertir nuestro transporte público en un servicio de primer nivel, mejorando la calidad en la prestación de servicio. Con esta propuesta, ATUC quiere conseguir que esta aportación ayude a la financiación del sistema de transporte público, que actualmente cuesta unos 5.000 millones de euros anuales.
El segundo eje de propuestas ha pasado por la futura Ley de Cambio Climático, en la cual ATUC considera muy necesaria la inclusión de un apartado dedicado exclusivamente al transporte público, su desarrollo y su financiación. Con el objetivo de fomentar el uso generalizado de medios sostenibles y desincentivar el del vehículo privado, la entidad ha requerido que existan artículos con medidas y acciones hacia un nuevo modelo de transporte urbano, así como un artículo específico para asegurar una financiación estable del transporte público por parte del Estado a partir de impuestos a los hidrocarburos.
Para Jesús Herrero, el primer paso ante la lucha contra la contaminación es la concienciación de la población de que “estamos jugando con fuego” y una apuesta decidida por el transporte público, basada en desincentivar el uso del coche privado y haciendo del transporte público una alternativa real de movilidad.
Por último, los planes de movilidad urbanos han sido el tercer eje de actuación propuesto por ATUC. Estos planes de movilidad son fundamentales para reducir la contaminación, deben promover la integración modal de medios de transporte sostenibles como el carsharing o la bicicleta y, en las grandes ciudades, han de incluir tanto las áreas metropolitanas como los municipios de alrededor. Ejemplo de ello en Madrid es el carril Bus-VAO (Vehículos de Alta Ocupación) de la A-6, que entró en funcionamiento en 1991 y conecta la capital con los municipios del noroeste, permitiendo una mayor descongestión del tráfico e incentivando tanto el uso del transporte público como el hecho de compartir vehículo entre varios usuarios. Incidiendo en está inclusión de los municipios adyacentes a las grandes ciudades, es necesario que los planes urbanísticos tengan en cuenta los nuevos objetivos de movilidad y estén coordinados con el transporte público.
Por todo ello, España requiere de necesidades de financiación e inversión públicas que han de estar incluidas dentro de una Ley de Financiación del Transporte Público, ley de la que actualmente nuestro país carece, siendo una excepción en Europa.
