La Asociación de Ciencias Ambientales ha presentado un nuevo informe sobre pobreza energética, el 4º desde 2012, que muestra datos actuales sobre la incidencia de este problema en España. El informe evidencia que al menos 900.000 personas sufrieron desconexiones de suministro en 2016.
La presentación ha tenido lugar ayer en el marco de la celebración del «I Encuentro Estatal sobre Pobreza Energética» en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). La novedad de este cuarto estudio es que, por primera vez en España, se ha seguido la propuesta metodológica del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV), que propone la utilización de 4 indicadores principales, dos de ellos procedentes de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y dos procedentes de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).
En el año 2016, de acuerdo con el enfoque de percepciones y declaraciones del hogar (ECV), un total de 6,8 millones de personas, equivalente al 15% de la población residente en España, estarían sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos. De éstas, destacan los 2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población).
2,8 millones de personas declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población).
Aunque las cifras se encuentran ligeramente por debajo de los máximos alcanzados en 2014, la media del país continúa estando por encima de la media de la UE en ambos indicadores, una tendencia observada por primera vez en el año 2014 pero que ha continuado en los dos siguientes años, apunta ACA en un comunicado.
El año 2016 también ha sido el primero en el que se ha podido evaluar cuántos de los hogares que se declararon incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada se vieron obligados a dejar de disponer de algunas de sus fuentes habituales de energía. De este modo se ha podido saber que el 2% de la población, cerca de 900.000 personas residentes en España, sufrió en 2016 algún tipo de desconexión de suministro energético en su hogar. «Se trataría, por tanto, de un sector de población con un alto nivel de vulnerabilidad«, señalan desde la Asociación de Ciencias Ambientales.
El estudio también ha utilizado otros dos indicadores, procedentes de los datos de la EPF, que permiten observar dos tipologías de situaciones analizando la relación de gastos e ingresos: por un lado, aquellos hogares con una carga energética (porcentaje del gasto en energía sobre ingresos) mayor que el doble de la mediana del país, es decir, aquellos que realizan un sobreesfuerzo para disponer de la energía doméstica necesaria y, por otro, el porcentaje de personas cuyos gastos en energía por unidad de consumo están por debajo del 50% de la mediana anual.
En 2016 un 29% de la población del país (13,2 millones de personas) estaría en dificultades de acuerdo con alguno de los dos indicadores del enfoque de gastos e ingresos del hogar.
«Pero conscientes de que la pobreza energética se muestra de formas muy diversas, este estudio suma un cuarto indicador principal para detectar hogares que pueden estar sufriendo lo que se denomina como «pobreza energética escondida»«, ecplica ACA. Son aquéllos hogares que están gastando una cantidad inusualmente baja, en concreto, aquellos que gastan menos del gasto mediano del país. De este modo en 2016 un 29% de la población del país (13,2 millones de personas) estaría en dificultades de acuerdo con alguno de los dos indicadores del enfoque de gastos e ingresos del hogar.
El análisis realizado para el año 2010, único año en el que los datos estadísticos lo permiten, arroja que 19,1 millones de personas, el 41% de la población residente en España, se encontraba padeciendo al menos una de las consecuencias asociadas a alguno de los 4 indicadores mencionados, conscientes de las múltiples formas en que se expresa y se padece la pobreza energética, prosigue el comunicado.
ACA propone la priorización de las medidas de tipo estructural en combinación con medidas paliativas, fomentando medidas como la rehabilitación energética de los edificios, la información, formación y empoderamiento de la ciudadanía, la necesidad de mejorar las fuentes de datos para la medición o de ahondar en la relación dual que existe entre la salud y la pobreza energética.
El análisis también indica que hasta 1,5 millones de personas en España tenían un gasto excesivo en energía y aun así se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. El solape de estos dos indicadores estaría identificando un grupo de población en el que deberían priorizarse las medidas de mejora de la eficiencia energética de su vivienda; por el contrario, el grupo formado por aquellos hogares con bajo gasto y retrasos en los recibos, formado por 700.000 personas, dibuja un colectivo más vulnerable en el que las medidas estructurales deben acompañarse con un apoyo al pago de las facturas.
Finalmente, el estudio aborda una completa batería de medidas y recomendaciones que ACA propone frente a la pobreza energética, con el foco puesto en la priorización de las medidas de tipo estructural en combinación con medidas paliativas, fomentando medidas como la rehabilitación energética de los edificios, la información, formación y empoderamiento de la ciudadanía, la necesidad de mejorar las fuentes de datos para la medición o de ahondar en la relación dual que existe entre la salud y la pobreza energética.
