La sociedad danesa European Solar Farms ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por el recorte a las renovables que aplicó España y cómo afectó a sus inversiones fotovoltaicas. Con ésta última el Gobierno español acumula ya 32 demandas en contra presentadas ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, la tercera en lo que va de año.
Una vez más, se reclama al Ejecutivo por el cambio en el marco regulatorio que se estableció en España en 2013 y 2014, y que modificó la regulación de 2007, vulnerando el Tratado de la Carta de la Energía en lo referido a un trato justo y equitativo a las inversiones, según se ha reconocido en anteriores laudos arbitrales.
En cualquier caso, a España se le amontona más de treintena de demandas ante el Ciadi contra el recorte a las renovables, en el marco de las reformas iniciadas por el Gobierno en el año 2010 y consolidadas en 2013. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por recorte a las renovables supera los 7.500 millones de euros.
La resolución de algunos de estos procesos en contra del Estado español está en el aire, porque el pasado mes de noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE se producía una situación contraria al Derecho de la Unión.
Fallos contra el recorte a las renovables
El pasado mes de junio, España acumulaba cuatro sentencias en contra por el recorte a las renovables: tres del Ciadi, que son la fallada a favor del fondo Antin y las favorables a Eiser y Masdar; además de otra ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que falló a favor de Novenergía. La primera de todas, hace año y medio, fue el laudo fallado a favor de la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa (Energia Solar Luxembourg), que solicitaron arbitraje internacional en relación a las consecuencias que tuvo la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014 para tres instalaciones termosolares en las que habían invertido.
En noviembre de 2018, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia) emitía un laudo por el que España tendría que pagar 48 millones de euros a tres compañías que invirtieron en plantas fotovoltaicas
