El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia) ha emitido un laudo por el que España tendrá que pagar 48 millones de euros a tres compañías que invirtieron en plantas fotovoltaicas en el país por el cambio de regulación que supuso el recorte a las renovables, la supresión de primas a la producción.
Según han explicado a Efe fuentes del despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo, que representó junto al de King Spalding a los demandantes, el tribunal que ha dirimido el arbitraje ha considerado que el nuevo marco regulatorio que se estableció en España en 2013 y 2014, y que modificó la regulación de 2007, vulneró el Tratado de la Carta de la Energía en lo referido a un trato justo y equitativo a las inversiones.
En este sentido, la Cámara de Comercio de Estocolmo reconoce a los demandantes daños por importe de 39 millones de euros, a los que hay que sumar 6,5 millones en costas, así como intereses desde el 30 de junio de 2014 por valor de 2,5 millones.
En concreto, los demandantes son dos fondos del gestor de infraestructuras Foresight en Luxemburgo, dos de la italiana GWM Renewable Energy y Greentech Energy, en la actualidad Athena, compañía danesa que la semana pasada anunciaba, al ser una cotizada, que le correspondían 11 millones de este arbitraje favorable.
Estas tres compañías compraron tres parques fotovoltaicos en España con la «expectativa legítima» de que el régimen regulatorio no se modificaría de forma sustancial, según el laudo, que señala que, sin embargo, ese régimen fue cambiado «radicalmente» privando a los inversores de una parte importante de sus expectativas de ingresos.
Fuentes del despacho Gómez Acebo & Pombo han indicado que este laudo es el segundo favorable que se produce tras la sentencia del caso Achmea, de marzo de 2018. El nuevo laudo se suma a otros favorables a inversores internacionales por el recorte en la retribución a las renovables, que introdujo el Gobierno del PP.
En el registro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se contabilizan todavía más de una treintena de demandas pendientes
