El sector no quedó contento con el sistema que se estableció con la primera subasta que se celebró en nuestro país el pasado 14 de enero para capacidad eólica y de biomasa. Ahora, cuando se acerca la celebración de una segunda convocatoria, trece asociaciones piden que se establezca un sistema con periodicidad anual, objetivo, transparente, sencillo y competitivo.
Hasta la la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), definió la subasta de enero para esta energía como inadecuada para la satisfacción de la demanda y del cumplimiento de los objetivos 2020 para las energías renovables. Según EWEA, no tuvo una fase de precalificación, fundamental para establecer la viabilidad técnica y financiera de los proyectos. Como resultado, hubo demasiados proyectos compitiendo por demasiado poca potencia.
Tampoco la biomasa quedó contenta. APPA Biomasa denunció entonces que el Ministerio de Industria desoyera sus recomendaciones para corregir los requisitos y afirmó que “era excluyente, permeable a la especulación e incluía condiciones poco realistas, que harían difícil que se materializarían los proyectos, para los que sería difícil conseguir financiación”. El resultado para este energía fue que de los 200 MW ofertados, dos empresas resultaron adjudicatarias de la mayor parte ENCE de 40 MW y Forestalia de 108 MW. La tercera fue Renova Generación de Energías Renovables.
También en febrero, la CNMC, que calculó que la subasta había logrado un ahorro que superaba los 1.200 millones de euros, realizó un informe sobre el desarrollo y propuestas de mejoras del sistema que se había aplicado.
Para evitar situaciones similares en la próxima subasta de energía renovable anunciadas por el Ejecutivo, en la que están en juego 1.000 nuevos megavatios y que será neutra tecnológicamente, las principales asociaciones empresariales del sector, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil han elaborado una propuesta, que han enviado al Ministerio de Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que establecen las normas básicas que deberían considerarse en la definición y el alcance de su funcionamiento.
Periodicidad anual para las subastas renovables
Entre ellas, las organizaciones firmantes reclaman una periodicidad anual para las subastas como consecuencia de un proceso de planificación energética a medio y largo plazo a nivel nacional, en el que deberían estar definidos los objetivos de energía producida y el futuro reparto de tecnologías en base a la necesidad de cumplir los objetivos europeos y el Acuerdo de París.
Asimismo, el sistema de licitación deberá ser sencillo, competitivo y cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.
Las asociaciones exigen, además, que el producto subastado debe ser la energía que se compromete a generar el solicitante, y el criterio de elección el precio ofertado por producir esa energía. Al adjudicarse cada oferta al precio con el que se ha licitado, se evitarán las distorsiones producidas por el diseño marginalista.
Por otro lado, la recuperación de la seguridad jurídica y la garantía de una retribución estable a las inversiones realizadas en proyectos anteriores son elementos imprescindibles para que se produzcan las condiciones adecuadas que garanticen el correcto desarrollo del sector.
Desarrollo y ejecución de los proyectos licitados
En lo que respecta a la ejecución de los proyectos una vez licitados, el sector pide que los mecanismos de apoyo sean flexibles, incluyéndose los contratos de adquisición de energía a largo plazo (PPA).
Además, solicitan que se incluyan complementos para apoyar las plantas de menor tamaño y que los proyectos promovidos por la ciudadanía tengan acceso a sistemas de apoyo a las energías renovables alternativos a las subastas. En la misma línea, se pone de manifiesto la necesidad de realizar convocatorias y licitaciones específicas para proyectos pequeños.
Asimismo, el sector propone que el periodo de oferta para los proyectos sea de 20 años, siendo flexible este número en función de la tecnología. Pasado ese tiempo, las plantas podrían acogerse a la última subasta realizada para esa tecnología por periodos mínimos de 5 años.
Los proyectos a licitar deben disponer en su opinión de tramitaciones previas y avales como garantía de ejecución al tiempo que se debería poder establecer penalizaciones graduales por incumplimiento de la fecha de puesta en marcha, salvo por motivos ajenos al promotor.
La situación que se ha creado en España contrasta con la satisfacción que desde este lado del charco parece que han generado las subastas que se han celebrado también este mismo año en Perú, Chile, México o Argentina y de las que os hemos ido informando.
En lo que a precios se refiere, México, que celebrará en abril su tercera subasta, logró en la que celebró en septiembre un precio promedio para renovables de 33.47 $ y en Perú la subasta celebrada en febrero consiguió rebajar hasta un 78% el precio del MWh generado.
