El transporte público contaría con 300 millones de euros más al año con una ley de financiación del transporte público que ordenara los recursos asignados, según ha explicado la asociación del transporte urbano colectivo (Atuc), que sale así al paso de la propuesta aprobada en la Comisión de Fomento para la puesta en marcha de esta norma instando al Ministerio de Fomento a que la tenga lista en seis meses.
Esta cantidad reclamada supondría el 6% del coste del sistema de transporte, cifrado en 5.000 millones de euros, y provendría de una mejor gestión de las inversiones y de los flujos de fondos que permiten el funcionamiento del sistema. De hecho, este dinero se reintegraría en el propio sistema para ofrecer un mejor servicio, ha manifestado Atuc.
No está establecido qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y la administración estatal
Para la asociación, la ausencia de un marco legal es “más acuciante” cuando se constata que España “es el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público, lo que provoca que no haya una ordenación racional de recursos”. En términos prácticos, esto significa que no está establecido qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y la administración estatal, que son los cuatro actores sobre los que se sostiene el sistema, pero sin que exista una norma que determine el peso que debe asumir cada uno de ellos.
Otro de los problemas derivados de no disponer de ley de financiación del transporte público, según Atuc es la “imprevisibilidad” o improvisación en la planificación. En el actual sistema, los ayuntamientos desconocen las cifras que el Estado va a destinar a esta partida hasta finales de año, cuando los presupuestos municipales tienen que estar elaborados con antelación. Por ello, la clave está en una planificación a medio y largo plazo para que las empresas sepan con antelación con qué financiación cuenta el sistema, mejorando así su eficiencia.
Financiación del transporte público con el impuesto al diésel
Por otra parte, Atuc respalda la decisión de la Comisión de Fomento de destinar parte de lo que se recaude al equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina al sistema de transporte público, tanto para su financiación como para inversiones.
Más inversiones en el transporte público contribuiría a que cada vez más usuarios optaran por la movilidad sostenible
En concreto, la asociación reclama que al menos 500 millones de euros se inviertan en el sistema de transporte público. De esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios optaran por la movilidad sostenible para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, lo que serviría para disminuir los niveles de contaminación y luchar contra el cambio climático. En este sentido, Atuc ha recordado que “el tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches”.
Soluciones a las necesidades de movilidad
En este contexto, el objetivo del impuesto es modificar el comportamiento de los actores contaminantes para reducir el daño ambiental que provocan, siguiendo la máxima de que «quien contamina, paga». Por ello, el impuesto no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, es decir, a impulsar el transporte urbano colectivo, tal y como ha reclamado la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos.
El sistema de transporte público cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubre con los ingresos por billete, mientras que la otra parte se sufraga con recursos públicos.
Atuc agrupa a todas las empresas de transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 empleos y mueve más de 5.000 millones de euros al año
