El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que forma parte del Banco Mundial, ha fallado un laudo a favor de la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa (Energia Solar Luxembourg) que solicitaron arbitraje internacional en relación a las consecuencias que tuvo la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014 para tres instalaciones termosolares en las que habían invertido.
Es el primer fallo de un arbitraje internacional en torno a esta cuestión que no da un espaldarazo a las sucesivas legislaciones que han introducido recortes retributivos a las renovables en nuestro país. De alrededor de una treintena de arbitrajes internacionales, hasta el momento sólo se ha resuelto la demanda de dos sociedades internacionales vinculadas a Isolux, que perdieron ante el Tribunal Arbitral de Estocolmo, como ya os contamos.
El Gobierno aseguró el mismo viernes, cuando se conoció la noticia, que estudia recurrir el laudo que condena al Reino de España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes.
Arbitraje internacional
A juicio del Ejecutivo, «única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo. Dado el carácter estrictamente singular de tal pronunciamiento, no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes», dice en un comunicado.
Para el Gobierno cada procedimiento arbitral es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados. «De hecho, hasta la fecha, se ha producido un desistimiento en un arbitraje y, en los dos arbitrajes en materia de renovables que han sido resueltos expresamente, los laudos han dado la razón al Reino de España de manera contundente«, recuerda.
El Gobierno estudia recurrir
Además, señalar que el Tribunal no cuestiona el derecho soberano de España de tomar medidas regulatorias apropiadas para atender las necesidades públicas, lo que potencialmente incluye la modificación del régimen del RD 661/2007. Por tanto, el Ejecutivo piensa que no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo en 2013 y 2014.
«Por otra parte, las diversas sentencias nacionales tanto del Tribunal Supremo y como del Constitucional en materia de renovables han avalado la reforma eléctrica y sus pilares fundamentales«, recuerda el comunicado.
Paralización de las renovables
Greenpeace señaló también el viernes en un comunicado que «este fallo pone en evidencia la nefasta política energética de los diferentes Gobiernos desde 2010 hasta hoy que, con la excusa de acabar con el “déficit de tarifa” ha ocasionado la paralización de las energías renovables en España y va a provocar cuantiosas multas que deberán ser pagadas por toda la ciudadanía«.
Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, declaró que “paradójicamente, se atribuía el recorte a las renovables a motivos económico, aunque la realidad es que para defenderse de todos los pleitos internacionales el Estado lleva gastados entre 8 y 13 millones de euros en abogados y consultores que serán pagados por la ciudadanía que no se beneficiará de las ventajas de las renovables”.
La organización añade que este es un problema que ha identificado incluso la propia Comisión Europea que ha incluido una disposición en la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Energías Renovables para evitar cambios retroactivos en la financiación y los mecanismos de apoyo a las energías renovables.
Los inversores españoles
Por su parte, los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional, señaló, por su parte, Anpier.
A juicio de su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, “el quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaica es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”.
