A pesar de que el acuerdo, que incluye también la nueva financiación del bono social, llega antes de que acabe el año, su desarrollo podría alargarse hasta tres meses y no entrar en vigor hasta febrero. El procedimiento para evitar los cortes de luz todavía está por articular ya que se tiene que consensuar con Ayuntamientos y CCAA y se tienen que tener en cuenta también las recomendaciones de Bruselas, de la CNMC y del Consejo de Estado.
El acuerdo, en torno a un texto de un próximo Decreto Ley, fue ratificado durante la reunión que mantuvieron ayer en el Congreso el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, con los responsables del Grupo Socialista en el Congreso, Pilar Lucio y Antonio Hernando Vera.
En una rueda de prensa posterior, Nadal aclaró que el acuerdo incorpora en un texto “no sólo las propuestas del grupo socialista sino también las que a última hora de la tarde de ayer (por el martes), reenvió el Grupo Ciudadanos“.
El titular de Energía explicó que el texto de Decreto Ley consensuado, lo primero que hace es “solucionar el tema más acuciante, que es clarificar la financiación del bono social, que quedó en entredicho después de la última sentencia del Tribunal Supremo. Se evitan los elementos que el propio Tribunal señaló que podían suponer una discriminación entre los diferentes operadores y, en ese sentido, la propuesta fundamental lo que busca es financiar ese bono social correctamente“.
Limitar los cortes de luz
En segundo lugar, define un sistema en el que se establecerán las limitaciones a los cortes de suministro para aquellos consumidores que sean “extremadamente vulnerables“. Un asunto que Nadal ha recordado que ya trató en su día con la Federación de Municipios y Provincias, ya que son ellos los que tienen los Servicios Sociales, y que dijo que habrá que tratar también con las Comunidades Autónomas.
El portavoz de Energía del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, en un comunicado posterior, apuntó que “el texto normativo posibilita que el bono social se aplique y que parte de este se dedique a evitar los cortes de suministro de electricidad” y ha explicado que “será durante la tramitación reglamentaria de la norma cuando, en consenso con la Federación Española de Municipios y Provincias y las Comunidades Autónomas, se articulará el procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables y la mejora de las prácticas de comercialización”. Añadió que “durante ese periodo, que durará tres meses, se tendrá en cuenta a Bruselas, a los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Estado”.
“Esta medida vendrá a mejorar las ayudas que ya existen para los consumidores en situación de especial vulnerabilidad”, ha destacado Guillermo Mariscal, quien ha resaltado que “en la actualidad hay 2,6 millones de hogares como consumidores vulnerables que reciben un descuento en la factura del 25%” y que, se todos ellos, un porcentaje menor son consumidores extremadamente vulnerables que cuentan con atención de los Servicios Sociales municipales o autonómicos.
