PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han rechazado la proposición de Ley que afecta al cierre de centrales eléctricas presentada por el PP porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético, informa EFE.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, ha criticado a los grupos que se oponen a esta medida por querer dejar en manos de las compañías la decisión sobre el cierre de centrales eléctricas sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio, ni la garantía de suministro, informa Europa Press.
La proposición que afecta al cierre de centrales eléctricas no es nueva, de hecho el Ministerio de Energía del Gobierno anterior quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. El contexto actual, en el que se ha debatido la proposición, viene marcado por la apuesta del Ejecutivo socialista por un cierre ordenado de las centrales nucleares a medida que cumplan sus 40 años de actividad, y en un momento en el que el precio de la luz se ha disparado batiendo récords históricos.
Según recoge Europa Press, tras defender una proposición de ley para modificar la Ley del Sector Eléctrico en lo relativo al cierre de centrales eléctricas, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha manifestado que «queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro».
En palabras del diputado popular, esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, a conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias.
Por su parte, el resto de grupos parlamentarios contrarios a la medida han recriminado al PP que en esta proposición de cierre de centrales no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.
