Por petición de las empresas, el Ministerio de Industria ha aprobado una ampliación del plazo para presentar las solicitudes al PERTE-VEC. Debía finalizar el 3 de mayo, pero el nuevo calendario fija el 17 del mismo mes como fecha tope. Hay más novedades…
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica una orden ministerial en la que se modifica la orden de bases y la convocatoria de la parte industrial del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC), dotado con 2.975 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tal y como adelantó la ministra Reyes Maroto durante el acto de inauguración de la nueva fábrica de Wallbox en Barcelona, respondiendo a las peticiones del sector, Industria ha decidido ampliar el plazo para presentar solicitudes para el PERTE-VEC. Las empresas aseguran que cumplir todos los requisitos que pide el Gobierno es demasiado complejo y que necesitan más tiempo.
Tal cual fue aprobado en un primer momento, los proyectos que aspiren a conseguir parte de la dotación del PERTE deben detener un proyecto que cuente con una empresa vertebradora, un número mínimo adicional de cinco participantes y al menos, 40% de pymes.
Además, cada solicitud tiene que tener un proyecto de carácter general, denominado proyecto tractor, que incluirá varios proyectos primarios que deben cumplir los bloques establecidos por las condiciones del PERTE.
En cada uno de esos proyectos debe haber un participante de los tres bloques obligatorios: un fabricante de baterías, un fabricante de automóviles y otro de componentes. A esto se suma que deben tener impacto en al menos dos comunidades autónomas; y que tienen que cubrir alguno de los bloques obligatorios, los opcionales y los transversales.
Más tiempo y flexibilidad para el PERTE VEC
La principal modificación corresponde al plazo de presentación de los proyectos, que se amplía hasta el 17 de mayo de 2022.
También se amplía el universo de posibles beneficiarios extendiéndolo a empresas de nueva constitución, que anteriormente estaban excluidas para ciertas líneas de inversión. Así, se abre la posibilidad a que la ayudas lleguen a un mayor número de empresas, sobre todo pymes.
La orden modifica el apartado de formación que tiene que realizarse con carácter obligatorio como parte de los proyectos, precisándose que se podrán impartir a través de plataformas digitales. En este sentido, se aclara la redacción de los costes subvencionables relativos a materiales, suministros e instrumentos amortizables en los proyectos de formación.
Por último, se introduce una corrección del régimen de garantías y se incorpora una declaración responsable a presentar por las entidades que forman parte de la agrupación, relativa a que éstas no se encuentran en situación de crisis.
