El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) se ha reunido para tratar temas como: la calidad del aire, la planificación hidrológica, la digitalización del ciclo del agua y la lucha contra la deforestación y desertificación en España. Además, ha abordado el proyecto de real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs), ahora en información pública. La vicepresidenta, Teresa Ribera, ha presidio la reunión.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece la adopción de planes de movilidad urbana sostenibles, antes de 2023, en: municipios españoles de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados.
Con estos planes deberán mitigar y reducir las emisiones de la movilidad, incluyendo entre otras medidas el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs).
El proyecto de real decreto establece los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas en relación a: calidad del aire, cambio climático, impulso modal, eficiencia energética y ruido. La norma prevé también a necesidad de adoptar medidas de coordinación entre municipios, incluyendo la posibilidad de establecer zonas de bajas emisiones supramunicipales.
La vicepresidenta ha informado que muchos municipios aún se encuentran en proceso de realización de los planes.
Calidad del Aire
Ribera también ha informado sobre el proyecto de modificación del real decreto relativo a mejorar la calidad del aire y el reglamento de emisiones industriales. Próximamente se remitirá al Consejo de Estado para su posterior aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.
Sobre calidad del aire, esta modificación pretende recoger lo dispuesto en el Plan Marco de acción a corto plazo en caso de episodios de contaminación por: partículas inferiores a 10 micras (PM10) y 2,5 micras (PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2). Con ello, quieren un marco de actuación común para las diferentes administraciones públicas.
Además, según Ribera, la modificación del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación pretende: favorecer una mayor difusión de las autorizaciones ambientales integradas y reducir su plazo de revisión.
Planificación hidrológica
La vicepresidenta ha insistido en la necesidad de poner en marcha los planes hidrológicos de tercer ciclo. El objetivo es reforzar los compromisos españoles con los objetivos europeos y la adaptación al cambio climático. Considera que es una herramienta clave para abordar la gestión del agua en los próximos seis años.
Estos planes permitirán: priorizar los usos del agua, gestionar grandes avenidas y sequías, y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas.
Las Confederaciones Hidrográficas, tras analizar las alegaciones recibidas, ha realizado los planes. Estos ya han llegado al ministerio con el informe de los Consejos del Agua de las demarcaciones para continuar su tramitación en sede ministerial.
Junto a ellos, se ha informado de los avances en la actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). Estos planes tienen como principal objetivo la reducción del riesgo frente a avenidas.
Además, los PGRI de segundo cuentan con una inversión de unos 2.000 millones de euros, duplicando el presupuesto de los planes de primer ciclo. Incluyen medidas para todas las fases del ciclo de gestión del riesgo -prevención, protección, preparación y recuperación-.
Estos planes están ya siendo analizados por las autoridades de Protección Civil y se deberán someter también al informe del Consejo Nacional del Agua.
Embalses y generación energética
Asimismo, ha tratado la situación del proyecto de RD que establece el régimen de instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en dominio público hidráulico. Se trata de una medida incluida en el plan nacional de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
Esta iniciativa permitirá aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable. MITECO indica que la consulta pública ha recibido más de un centenar de alegaciones.
Digitalización del ciclo del agua
Según MITECO, los principales objetivos del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua son: avanzar hacia la digitalización del ciclo del agua; incorporar nuevas tecnologías y herramientas de información en la gestión hídrica; y aumentar el conocimiento de los usos y demandas del recurso, mejorando así la gobernanza y la transparencia del sector.
Señala MITECO que se está preparando el primer paquete de 100 millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas que se repartirán en la próxima Conferencia Sectorial. Irá destinado a la digitalización de organismos de cuenca intracomunitarios y a apoyar la digitalización del ciclo del agua en municipios menores de 20.000 habitantes.
Además, esperan publicar a lo largo del verano la convocatoria para proyectos de digitalización, con un importe total de 200 millones de euros. También se han referido a las mejoras normativas tanto en la Ley de Aguas como en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico; o a la nueva transposición de la directiva de aguas potables, presentada por el Ministerio de Sanidad.
Desertificación y degradación
Por otro lado, se ha informado al Consejo sobre el proyecto de Estrategia de Lucha contra la desertificación en España.
La Estrategia propone un marco de actuaciones y medidas para fomentar la planificación y gestión integrada del territorio. Asimismo, reforzar el papel de la gestión y uso sostenible de los recursos de la tierra en la lucha contra este problema.
Por un lado, se pretende mejorar y reforzar las metodologías y herramientas necesarias para evaluar y dar seguimiento al riesgo de desertificación. Por otro, elaborar pronósticos de acuerdo con los diferentes escenarios climáticos y socioeconómicos como instrumento para definir y priorizar estas actuaciones.
Igualmente se ha abordado la situación de la propuesta de reglamento de lucha contra la deforestación importada. La propuesta, que parte de la Comisión Europea, busca frenar el efecto que produce la deforestación mundial sobre ciertos productos comercializados por la UE. Así, plantea imponer requisitos a determinadas materias primas como ganado vacuno, cacao, café caite de palma soja y madera, entre otros.
Por tanto, se exigirá a importadores, productores, exportadores y grandes comerciantes europeos que dispongan de un sistema que garantice la producción de forma legal y sin causar deforestación. Tanto para las materias primas como para sus derivados.
En esa línea, MITECO ha elaborado un estudio de impacto de la propuesta para fijar la posición española. EL estudio lo ha realizado un grupo de trabajo con miembros de diferentes ministerios.
Finalmente, la reunión ha tratado, junto al Ministerio de Sanidad y el de Agricultura, Pesca y Alimentación: los criterios para la calidad de las aguas de consumo; las medidas para la aplicación Política Agrícola Común; y la modificación de la Orden que regula la reserva marina y de pesca en el entorno de la isla de Alborán.
