El gravamen especial a las eléctricas va a vivir una modificación, según ha dicho la vicepresidenta Teresa Ribera. Desde Dubái, donde se celebra la COP28, ha apuntado un replanteamiento del impuesto. En esa línea, ha confiado en encontrar un balance “justo” respecto al “reparto de beneficios y costes”. Algo que contradice el acuerdo de legislatura entre el POSE y Sumar.
Desde el 1 de enero de 2023, se hizo efectiva la aplicación del impuesto extraordinario a las energéticas. El gravamen causó gran polémica desde que lo anunció el Consejo de Ministros en 2022. Y, de hecho, desde su aplicación, han venido sucediéndose una serie de hechos preocupantes.
Casi todas las compañías, entonces, presentaron recurso ante la Audiencia Nacional. La propia Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) lo hizo, según informábamos en febrero pasado. Indicaban en ese momento que no sólo el impuesto gravaba ingresos que ya pagaban impuestos, sino que penalizaba a un sector clave para impulsar el nuevo modelo energético.
Ahora, energéticas y asociaciones de empresas de energía y de petróleo alertan de lo que podría suponer para nuestro país la prolongación del impuesto extraordinario, como acordaron PSOE y Sumar. Así lo indican desde la AOP, algo de lo que hablábamos hace pocos días:
La AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos) alerta sobre los riesgos de mantener el gravamen extraordinario a energéticas. Señalan que podría tener consecuencias lesivas para: la competitividad del sector; el proceso de transformación de la industria; el empleo; la autonomía energética de España y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país. Mantenerlo podría en riesgo inversiones por valor de 16.500 M€.
Antecedentes
A finales de año pasado, la misma Agencia Internacional de la Energía lanzaba un informe al respecto. Nos hicimos eco de él y comentábamos:
“La AIE defiende gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas, no los ingresos. Respalda que se graven las ganancias extraordinarias por las ventas de energía en el mercado mayorista y no por los ingresos. Además, pide preparar las reformas “de forma cuidadosa y transparente, involucrando a todas las partes interesadas”. Señala que “las inconsistencias” entre los regímenes regulatorios “podrían crear incertidumbre” para los inversores y hacer “menos atractivo” un sector como el de las renovables”.
Respecto al gravamen en España, añadíamos:
“En el caso del Gobierno español, se ha mantenido en su propuesta inicial de aplicar el gravamen sobre los ingresos, y no sobre los beneficios. Eso sí, se han incluido modificaciones para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado; o que se exoneren los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural, entre otros”.
En su momento, las energéticas presentaron sus recursos en la Audiencia argumentado que el impuesto es discriminatorio, arbitrario e injustificado. Entre sus alegaciones, que el impuesto gravaba dos veces los ingresos y chocaba con las normas europeas. Además, penalizaba un sector que es vital para avanzar en la transición energética.
Respuesta de Repsol a la prolongación del gravamen
Aunque los recursos en la Audiencia Nacional siguen su trámite, la situación ha empeorado en los últimos meses. El detonante, como decimos, ha sido el pacto del PSOE y Sumar para prorrogar sin fecha límite dicho gravamen.
Durante la presentación de resultados de los nueve primeros meses de Repsol quedó clara la postura de la compañía. Según explicaba recientemente su presidente, Antonio Brufau, las inversiones previstas, relacionadas con hidrógeno verde, podrían terminar en Portugal. Su consejero delegado, Jon Imaz, añadía:
“La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones en nuestros proyectos industriales en España. Así que, antes de tomar una nueva decisión final de inversión para cualquier inversión en el país, analizaremos si las condiciones requeridas son estables y son suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de esos proyectos”.
Ya tenemos prueba de ello con la paralización de dos proyectos en Euskadi, que comentábamos hace mes y medio. Concretamente, decíamos sobre la postura de Repsol:
“El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, explicaba esta semana la postura de Repsol en una entrevista en Radio Euskadi. Las inversiones previstas para Euskadi, de cara al electrolizador de 100 MW y la planta de combustibles sintéticos del Puerto de Bilbao se han suspendido. Consideran las políticas del Gobierno discriminatorias y piden un marco regulatorio estable. Repsol no se va a ir de España, pero paraliza parte de sus inversiones futuras”.
El caso de Cepsa
Repsol no es la única que ha alertado sobre la cuestión. Durante la COP28, Cepsa y C2X anunciaron el desarrollo en Huelva la mayor planta de metanol verde de Europa. Pero condicionada. Cepsa señalaba:
“La decisión final de inversión para la planta de metanol está prevista en 2025. Probablemente, ambas empresas también esperan una regulación clara para dar el paso adelante, como lleva pidiendo el sector desde hace tiempo”.
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