El Congreso de los Diputados ha aprobado casi por unanimidad la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades en la construcción, financiación e indemnización del almacén subterráneo de gas Castor situado en Vinaroz (Castellón). El Pleno de la Cámara Baja ha debatido para que se estudien las irregularidades del proyecto Castor tras hacerse público un documento del Ministerio de Energía que demuestra que el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a ACS, la empresa de Florentino Pérez, informa EFE.
Todos los partidos políticos se han unido para apoyar la creación de esta comisión que no ha recibido votos en contra y en la que se han registrado tres abstenciones. La diputada de Compromís Marta Sorlí ha advertido de que el almacén de gas fue una «estafa» para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente y ha valorado que cinco años después se «le ponga una alfombra roja a Florentino Pérez para que explique porque provocó 300 terremotos».
La diputada de En Marea, de Unidos Podemos, Ángela Ballester ha lamentado el «pufo» de un proyecto innecesario que afectó a «nuestros bolsillos ya que según las organizaciones de consumidores el coste asciende a más de 4.000 millones de euros”. Ha criticado que el PSOE pusiera en marcha el proyecto y que el PP pagara la indemnización a Florentino Pérez y ha lamentado que gobernaran para los millonarios, al tiempo que el diputado de En Comú Josep Vendrell ha dicho que Castor es sinónimo del «capitalismo de amiguetes».
El diputado del PSOE Artemi Rallo ha recordado que el almacén de gas pretendía atender la demanda de gas en caso de cese de las importaciones y que fue en 1996 cuando el ex -ministro Piqué otorgó el primer proyecto Castor al tiempo que ha pedido esclarecer por qué el Gobierno del PP pagó de forma veloz una indemnización.
Mientras, el diputado del PP Guillermo Mariscal ha aseverado que con esta comisión de investigación el PSOE tiene la oportunidad de «autoenmendarse» y ha afirmado que el Real Decreto firmado por el Gobierno socialista generó un alto riesgo para los ciudadanos ya que contemplaba que se pagara una indemnización incluso si se producía una negligencia de la empresa.
La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha argumentado su voto favorable en que Castor ha sido un «parche en materia energética», un proyecto frustrado que diseñó el PSOE y concluyó el PP con un pago de más de 2.000 millones de euros en indemnización y que, a su vez, ha provocado una deuda del sistema gasista de más de 4.700 millones de euros que pagan los ciudadanos.
El diputado del PDeCAT Ferran Bel ha urgido dar transparencia a este caso y el diputado de ERC Jordi Salvador ha recordado que su partido lleva años exigiendo explicaciones y ha recriminado que se haya hecho pagar a los consumidores un proyecto repleto de irregularidades.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, estimó parcialmente los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el real decreto-ley con el que el Gobierno acordó la “hibernación” de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas Castor y el pago de una compensación económica de 1.350.729.000 de euros a la empresa Escal UGS, S.L. tras su renuncia a la explotación de gas.
Además la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado día 12 de septiembre el archivo de la querella contra cinco ex -ministros, dos ex altos cargos y dos empresarios
