El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, que rebajará la factura de la luz de los consumidores al cubrir costes del sistema con los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no emiten CO2 y son anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono. Ahora el texto se remite al Congreso de los Diputados para culminar su tramitación.
La futura norma, que se tramita por la vía de urgencia para reducir cuanto antes la factura de los consumidores, se suma a las medidas ya adoptadas por el Gobierno para afrontar los elevados precios de la electricidad, como la rebaja del IVA del 21% al 10% o la suspensión del impuesto al 7% de la generación, que provocan un recorte del recibo final de los hogares superior al 12%.
Menos ingresos para la centrales nucleares
La futura norma plantea recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO2. Los elevados precios de este mercado (se repercuten en el mercado mayorista de la electricidad y en la actualidad proporcionan a estas plantas unos beneficios extraordinarios –dividendo de carbono– que no se consideran adecuados. 
Al objeto de determinar la cuantía del dividendo de carbono a detraer, el borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las referidas instalaciones y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad.
De acuerdo con dicha fórmula, la minoración de ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros. Con los actuales precios del ETS, el importe de la minoración sería de unos 625 millones, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones.
Objetivo: reducir la pobreza energética
El 10% de la cantidad resultante se destinará a combatir la pobreza energética; concretamente, ayudará a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. El otro 90% cubrirá costes del sistema eléctrico, priorizando la financiación de los mecanismos de capacidad en vigor, y destinando el excedente a financiar los cargos del sistema eléctrico; en consecuencia, bajará la factura final de todos los consumidores, en un rango que abarca desde el 2,5% en el caso de un hogar hasta el 0,85% para una gran industria, según la actual coyuntura.
El proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico coincide en el Congreso con el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, otra propuesta normativa para retirar de los cargos del sistema eléctrico la retribución regulada de las renovables históricas, la cogeneración y los residuos –más de 6.000 millones en 2020– de un modo progresivo durante un quinquenio.
La combinación de ambas normas, que forman parte de la reforma energética estructural que acomete el Ejecutivo, abaratará permanentemente la factura eléctrica de los consumidores en una horquilla desde el 15% de un hogar hasta el 1,5% de una gran industria, tal y como se recoge en el siguiente cuadro:
