La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha presentado los resultados principales del proyecto “Punto de Información al consumidor vulnerable (PICv). Una herramienta imprescindible para prevenir y erradicar la pobreza energética” desarrollado con la colaboración de Obra Social «la Caixa» y con el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mirubee, HqH consultoría, Clientsol Energy, LEM System y PCE Instruments
El proyecto, que ha contemplado, entre otras acciones, la realización de encuestas a cerca de 100 hogares del municipio y la monitorización y seguimiento de los consumos energéticos en 5 viviendas, ha permitido conocer mejor la realidad de la pobreza energética en los propios hogares que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, dice ACA en un comunicado.
La encuesta fue diseñada específicamente para observar y cuantificar la pobreza y la vulnerabilidad energética de los hogares del ámbito de estudio. Este hecho novedoso permitió solucionar una de las limitaciones con las que ACA se había encontrado en sus tres informes sobre pobreza energética a nivel estatal publicados hasta la fecha (2012, 2014 y 2016) y es el hecho de que no existen fuentes de datos ni encuestas que estén diseñadas específicamente para observar el fenómeno de la pobreza energética.
Las encuestas fueron realizadas en viviendas ubicadas en el barrio de la estación y en bloques aledaños al mismo. Los resultados arrojan que el 32% de los hogares encuestados afirmó ser incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, es decir, aproximadamente 1 de cada tres hogares encuestados afirmó ser incapaz de calentar sus hogares en invierno.
Asimismo, el 12% de los hogares afirmó haber tenido dos o más retrasos en el pago de las facturas de agua, luz o gas en los últimos 12 meses debido a dificultades económicas. Este porcentaje, supera la media del país en el año 2014 que recogía el último informe de ACA (11%).
Además de que el 27% de los hogares declaró tener presencia de goteras, humedades o podredumbre en sus viviendas, el 8% declaró no tener ningún tipo de sistema de calefacción mientras que un 30% poseer un aparato de aire acondicionado.
El 23% de los hogares que respondieron respecto a sus ingresos y gastos en energía, destinaban más del 10% de sus ingresos para pagar las facturas de la energía.
La factura energética
Durante el proyecto también se monitorizaron, se analizaron las facturas y se realizaron microauditorías energéticas con el fin de conocer el comportamiento de los hogares en cuanto al uso de la energía, analizar el estado de su vivienda, tanto en términos de la envolvente térmica como en cuanto a sus equipos e instalaciones. Además, se realizaron termografías infrarrojas en el exterior e interior de las viviendas que permitieron mostrar a sus ocupantes las zonas con mayores pérdidas de energía y las deficiencias del edificio.
Del resultado de la monitorización y el seguimiento de los consumos energéticos de las viviendas, se detectó
que la potencia contratada por los hogares, por lo general, era superior a la necesaria, asumiendo costes fijos más elevados independientemente del consumo realizado. Además, desconocían la existencia del bono social eléctrico y las condiciones para poder optar a él.
Estos hogares contaban con tipologías de contratos no adaptados a los usos de la energía que realizaban, por ejemplo, tarifas con discriminación horaria que no aprovechaban al no encender los acumuladores de tarifa nocturna.
Además, desconocían por completo los equipos y aparatos que generaban un mayor consumo de energía y no aplicaban hábitos de ahorro por desconocimiento o por barreras culturales o sociales.
Se registraron temperaturas mínimas en alguna de las viviendas que apenas superaron los 9ºC y cuya media se situaba en torno a 13ºC.
Proyecto PICV
Además de las acciones realizadas en el municipio de Azuqueca de Henares, en el marco de este mismo proyecto ACA ha llevado a cabo una serie de acciones y talleres formativos en materia de ahorro, eficiencia energética, optimización de las facturas y vulnerabilidad energética con trabajadores y agentes sociales, con un doble objetivo; conocer las particularidades de diferentes colectivos vulnerables y formar a las entidades que están en contacto con estos hogares.
De este modo el proyecto ha permitido que los agentes sociales puedan trasladar un asesoramiento más profundo a los hogares en aspectos como hábitos de ahorro, optimización de la factura energética o medidas de mejora de la eficiencia energética de sus hogares.
Finalmente, el proyecto también ha puesto en marcha un Punto de Información al Consumidor Vulnerable (PICV)
