UNEF recuerda que recortar la rentabilidad razonable afectará la viabilidad de las instalaciones ya en operación y que el recorte obligará a las plantas a refinanciarse y supondrá la pérdida de su capital social. Además, considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, la modificación se tiene que tramitar por vía parlamentaria.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha denunciado ayer el «ataque al sector y la institucionalización de la inestabilidad jurídica» que supondría una nueva modificación de la rentabilidad razonable para las instalaciones de energía renovables, que caería del 7,38% actual al 4% a partir del 1 de enero de 2020, asegura.
La Asociación responde así a las palabras que pronunció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, durante su comparecencia la semana pasada en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados y con las que se mostró a favor de un revisión de la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables a partir del año 2020, año en el que se inicia un nuevo período regulatorio.
Nadal justificó su decisión aduciendo que la prioridad del Gobierno es que baje la factura de la luz y esta revisión podría hacerlo, según explicó, entre un 5% y un 10%.
En un comunicado, UNEF alerta de que esta medida tendría un impacto importante sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo.
«Una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros«, asegura.
Recortar la rentabilidad razonable
Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que de tramitarla vía Orden Ministerial, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento. Por ello, UNEF considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto.
Además, UNEF ha destacado que el ahorro que este nuevo recorte supondría para el consumidor no será significativo, «debido a que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones definidas como consecuencia de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012«. A este respecto, ha lamentado que una vez más el sector renovable «siga siendo, injustamente, el más perjudicado«.
UNEF ha recordado además que la credibilidad regulatoria y la seguridad jurídica son elementos imprescindibles para garantizar el correcto desarrollo de las empresas renovables, que desempeñan un papel fundamental en la reactivación de nuestra economía y en el cumplimiento de los objetivos definidos por el Acuerdo de París.
