El presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, anunció ayer su decisión de que el país abandone París. En cualquier caso, el artículo 28 del Acuerdo dice que ningún Estado que lo haya ratificado puede abandonar el compromiso hasta pasados tres años desde su entrada en vigor, que se produjo el 4 de noviembre de 2016.
Ya el miércoles, diversos medios estadounidenses citados por la agencia española de noticias de Europa Press confirmaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había decidido sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, mientras que en su cuenta de twitter él mismo publicaba que anunciaría su decisión en los próximos días.
Una de las consecuencias de su salida es, por ejemplo, que probablemente Estados Unidos no acabe organizando su propio mercado de CO2. Como ha explicado a EnergyNews Ismael Romeo, director de Sendeco2, entidad dedicada a la negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono y Créditos de Carbono entre instalaciones, «Estados Unidos hoy por hoy no tiene ningún mercado nacional de venta de derechos de emisión ni ha dicho que lo tenga que tener».
«Lo que ocurre es que se intuía que si permanecía en el Acuerdo de París, unas herramientas para reducir sus emisiones sería organizar un mercado de CO2 a nivel nacional como ha hecho China o Europa. Esto acabaría con las esperanzas de algunos de construir uno a nivel global«, añade.
Lo que si existe en el país es una Iniciativa Regional para la captura y comercio de gases de efecto invernadero (RGGI) que abarca nueve estados: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva York, Rhode Island y Vermont
RGGI precisamente llevará a cabo su 36ª subasta de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) el próximo 7 de junio. En la subasta anterior, realizada en marzo, se vendieron más de 14 millones a un precio de compensación de 3.00 dólares por tonelada corta de CO2, el precio más bajo en más de tres años.
La subasta de marzo de 2017 generó 43.1 millones de dólares que los estados pueden usar para una variedad de propósitos como el apoyo a la eficiencia energética o a la energía renovable, la asistencia directa a la factura energética o a programas de reducción de gases de efecto invernadero, informa la EIA.
