El Consejo de Ministros, a petición de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un real decreto sobre garantías financieras en la gestión de residuos.
En la nueva norma se encuentran definidos los criterios exigibles a los productores y gestores de residuos y concreta aspectos como el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones, su plazo de vigencia y todas las cuestiones necesarias para que los agentes implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir con mayor facilidad sus responsabilidades y obligaciones.
Ventajas que aporta la nueva normativa de gestión de residuos
El real decreto facilita a los operadores de residuos la constitución de instrumentos financieros, como los seguros de daños a terceros, que ayudarán a las personas o empresas que puedan verse afectadas como consecuencia de la actividad de las instalaciones de tratamiento de residuos, a resarcirse por los daños o pérdidas que puedan sufrir en sus bienes. Ello permitirá reducir la litigiosidad y facilitará la resolución de eventuales conflictos que puedan surgir entre los gestores de residuos y las personas afectadas por daños causados por su actividad.
De igual manera, la normativa hace posible que las autoridades competentes dispongan de mayores facilidades para obtener la compensación económica que corresponda, en el caso de incumplimiento de las responsabilidades exigibles a los gestores y productores de residuos, no teniendo que recurrir al presupuesto público para hacer frente a los mismos.
Adaptación de la clasificación de paneles fotovoltaicos
Un aspecto a tener en cuenta en la normativa es que se adapta la clasificación de los paneles fotovoltaicos que contienen telurio de cadmio. Hasta ahora, la legislación solo permitía catalogarlos como residuos peligrosos.
En cambio, dado que esta sustancia se encuentra en algunos modelos en poca cantidad, los paneles pueden ser residuos no peligrosos según los resultados de la evaluación de peligrosidad de acuerdo con la normativa de residuos.
De acuerdo a ello, es necesario adaptar la normativa para incluir ambas posibilidades para clasificar al residuo como peligroso o no peligro y, así, destinarse a los tratamientos correspondientes a sus características.
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