La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado una Proposición No de Ley presentada por el PSOE y apoyada por todos los partidos menos por el Partido Popular, que se ha abstenido, para pedir al Gobierno que facilite al máximo la reapertura de las plantas de purines, restablezca en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de su vida útil regulatoria y elabore un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, para que los purines se valoricen por biodigestión y no con cogeneración.
El de las plantas de purines es el único recurso que se ha ganado de todos los que se presentaron después de la reforma del sistema eléctrico. Presentado por la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), su resolución ha llevado al Tribunal Supremo a obligar al Gobierno a aprobar una nueva regulación con distintos parámetros retributivos para estas instalaciones ya que la retroactividad de la reforma energética y su normativa -el Real Decreto 413/2014, que recoge el nuevo sistema de retribución a renovables, cogeneración y residuos y la Orden T/1045/2014, sobre los parámetros retributivos- provocaron que las 29 plantas de tratamiento de purines que hay en España anunciaran su cierre en 2014, al generarlas una deuda de entre 1,7 y 3,5 millones.
La cuestión es que, tal y como indicó la CNMC en su informe sobre la nueva propuesta que hizo en su momento el Ministerio de Energía para la retribución, la reducción en 10 años del periodo de retribución supondría que en 2017 más de la mitad de las plantas existentes habría alcanzado o superado dicho período.
Por eso es tan importante que se alargue la vida de las instalaciones de 15 a 25 años, como señala a EnergyNews Margarita de Gregorio, responsable de Energías Termoeléctricas (Biomasa, Geotérmica y Solar Termoeléctrica) de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA.
Biodigestión de purines
De Gregorio ha subrayado que el Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, que pide la PNL y que debería estar elaborado en un plazo de seis meses, es imprescindible ya que «en España hay una cabaña porcina muy grande y no se está haciendo absolutamente nada con esos purines, que mientras tanto están contaminando«.
Según nos ha explicado, el sector lo que quiere es que además de que el Gobierno cree un marco que facilite la reapertura de las plantas de purines, restituya la retribución correspondiente y alargue su vida útil para que puedan seguir valorizando purines, elabore un plan para dar solución a este problema.
«Incluiría nuevas plantas pero también un sistema alternativo al actual porque ahora lo que se está haciendo es cogenerar con gas para tratar esos purines y la solución realmente para su tratamiento no es esta sino la biodigestión, que genera biometano, biogas, que es la mejor forma de valorizarlos«, señala Margarita de Gregorio.
