A pesar de que según el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, todas las comercializadoras sin excepción deben financiar el bono social, el Gobierno tiene que indemnizar a las eléctricas las cantidades que abonaron por este concepto en 2014 y 2015, tal y como dictó el Tribunal Supremo en octubre de 2016, y a pesar de que el Ejecutivo recurrió esta sentencia ante el Constitucional, donde se encuentra en fase de tramitación.
El Ministerio de Energía publicó ayer en el BOE la Orden por la que ordena cumplir con la sentencias del Tribunal Supremo sobre los recursos que interpusieron Eon España (ahora Viesgo), Endesa, Iberdrola y Gas Natural (ahora Gas Natural Fenosa) en contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.
En concreto, el Tribunal Supremo, que consideró inaplicable este régimen de financiación del bono social, declaró el derecho de estas empresas a ser indemnizadas por las cantidades abonadas en concepto de bono social durante 2015 y 2016 -que en función de su cuota de mercado ascienden a 500 millones de euros, según publica Europa Press-, más los intereses legales correspondientes. Y no sólo a ellas, que recurrieron, sino también, en identidad de términos, a los restantes sujetos obligados a la financiación del bono social según estas mismas normas.
Indemnizar a las eléctricas
El Gobierno ha decidido pagar estas indemnizaciones con el superávit del sistema eléctrico, que asciende a 1.019 millones de euros -469,3 millones de euros en 2015, y 550,3 millones de euros en 2014-, ya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece que, de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de resoluciones de litigios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el órgano encargado de las liquidaciones.
Como ya publicamos en noviembre, el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, obliga a todas las comercializadoras a financiar el bono social, sin discriminación, una obligación que hasta su publicación correspondía únicamente a las integradas.
Este Real Decreto-ley debe completarse todavía con un reglamento (Real Decreto) y una orden ministerial pendientes de aprobación.
