La retroactividad de la reforma energética y su normativa, el Real Decreto 413/2014, que recoge el nuevo sistema de retribución a renovables, cogeneración y residuos y la Orden T/1045/2014, sobre los parámetros retributivos, provocarán el cierre definitivo de las 29 plantas de tratamiento de purines que hay en España, al generarlas una deuda de entre 1,7 y 3,5 millones.
No hay vuelta atrás. El contenido de la Orden T/1045/2014 de parámetros retributivos a las tecnologías de renovables, cogeneración y residuos publicada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo obliga al paro definitivo de las 29 instalaciones de tratamiento de purines que existen en España por falta de viabilidad económica.
Esta es la principal y primera consecuencia analizada por la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), que agrupa a las empresas ganaderas, tecnológicas y eléctricas, que constituyen las diferentes propiedades de las 29 plantas existentes, tras conocer el contenido de la orden que recorta hasta en un 60% las retribuciones públicas incluidas en el anterior marco legal y bajo las cuales se estructuró la viabilidad económica de las plantas.
La retroactividad, causa de la ruina
El carácter retroactivo de la nueva norma obliga a las plantas a devolver las retribuciones recibidas por su funcionamiento desde julio de 2013, momento en que el Gobierno anuló el anterior Real Decreto que regulaba su funcionamiento, aunque el borrador de las nuevas condiciones, que ahora entran en vigor, no se hizo público hasta febrero de este año. Esta retroactividad obliga en concreto a cada instalación a hacer frente a devoluciones de cantidades millonarias ya invertidas en su funcionamiento para la digestión de purines: las plantas de 7,5 megavatios tendrán que afrontar pagos de 1,7 millones de euros y las plantas de 15 megavatios se verán obligadas a devolver 3,5 millones de euros.
La forma y consecuencia de la desmantelamiento se perfilará de forma individual para cada planta en los diferentes consejos de administración que se reunirán con carácter urgente en los próximos días. La complejidad de la situación, que implica el despido de los trabajadores, y la falta de recursos para afrontar las deudas contraídas, al aplicarse la nueva reglamentación con carácter retroactivo, hace que las empresas que regentan las plantas deban abordar todas las opciones de cierre e incluso la posibilidad de presentar concurso de acreedores.
Industria desoye propuestas alternativas
La decisión del Gobierno llega tras desatender la propuesta alternativa planteada por ADAP, fórmula que proponía una reducción escalonada de las aportaciones hasta el año 2024.
Esta propuesta que la ADAP mantiene ahora como válida para sus asociados, dispuestos a seguir buscando una posible solución negociada que detenga el desmantelamiento de las plantas, recoge la voluntad del Gobierno de reducir los costes de las plantas, ya que es un tercio más económica que la opción finalmente aprobada por la Secretaría de Estado en la Orden Ministerial.
Dramáticas consecuencias para el sector
Las 29 plantas de purines que hay en España y que tratan más de 2,5 millones de toneladas de residuos al año mantienen paralizada su actividad desde el pasado febrero. Este parón ha dejado a cerca de 3.000 granjas de cría porcina sin opción de dar salida a sus excedentes de purines, en cumplimiento de sus compromisos con la legislación medioambiental. El nuevo escenario propicia, además, una inseguridad jurídica que puede ahuyentar las inversiones en un sector estratégico como el porcino, que lidera las exportaciones cárnicas españolas de los últimos años.
Estaran contentos en Industria. Miles de empleos directos e indirectos en zonas rurales a la mierda.