Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energía de Greenpeace, subraya en este artículo que el empoderamiento de los ciudadanos energéticos abrirá nuevos mercados tanto para las renovables como para la eficiencia energética y la gestión de la demanda liberando un potencial de inversiones de miles de millones de euros.
La semana pasada tuve la oportunidad de explicar en Bruselas los efectos devastadores que está teniendo la legislación española sobre autoconsumo siendo ésta la más restrictiva del mundo, tal y como también afirma la Agencia Internacional de la Energía.
No ha sido difícil interpretar las caras desconcertadas de políticos y técnicos europeos cuando relataba que nuestro Secretario de Estado de Energía en funciones ha reiteradamente definido a los autoconsumidores españoles como “depredadores”.
Más aún porque el debate en Bruselas se está centrando en qué beneficios obtendríamos dando más poder a la ciudadanía en materia de energía.
Es evidente que los ciudadanos no son como los demás actores del mercado energético. Lo más probable es que no tengan conocimientos técnicos en materia o capacidad para trabajar en asuntos como conexiones a red y aplicación de planificaciones vinculantes.
Los ciudadanos energéticos, también conocidos como “prosumidores”, son consumidores activos de energía. Pueden ser particulares, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas o pequeñas empresas que no sólo consumen energía renovable, también la producen y la venden tanto de manera individual como colectiva.
Democratización de la energía
También pueden contribuir a mejorar la eficiencia energética y la gestión del sistema energético proporcionando servicios de gestión de la demanda o inclusive aportando un valor añadido no económico a la energía, tal y como hacen algunas cooperativas de productores de energía eólica en Holanda que reinvierten directamente sus beneficios en medidas de eficiencia energética en los edificios públicos municipales.
Las dificultades no son pocas ya que se trata de un cambio mayúsculo en un mercado energético en el que los consumidores solo pueden escoger el comercializador a quien compran la energía pero hay casos muy sonados como el alemán o el danés que pueden servir de guía.
Una ciudadanía más activa en el sector energético implica una mayor conciencia en materia que, a su vez, puede lograr un cambio en la actitud social ante los retos ambientales; incluido el cambio climático. Facultar a los ciudadanos energéticos para que tomen más protagonismo es lo que llamamos democratización de la energía. Permite a la ciudadanía participar y beneficiarse de la transición energética.
Beneficios económicos y sociales
Además, desde un punto de vista estrictamente económico, la transición hacia un sistema energético basado al 100% en energías renovables necesitará movilizar todos los actores e inversores. El empoderamiento de los ciudadanos energéticos abrirá nuevos mercados tanto para las renovables como para la eficiencia energética y la gestión de la demanda liberando un potencial de inversiones de miles de millones de euros.
Los ciudadanos energéticos que invierten, por lo general, aceptan tasas de retorno más moderadas por sus motivaciones ambientales, sociales o colectivas. Esto reduce el coste global de la transición energética. Y, al contrario que importar energía, los proyectos descentralizados de energía dan más empleo local, crean pequeñas empresas y aumentan las entradas fiscales locales.
Una ciudadanía energética empoderada puede incluso ayudar a abordar la pobreza energética. Esto puede posibilitar que las personas reduzcan su demanda de forma más fácil e inteligente pero también ayudarles a producir y consumir su propia energía a través de proyectos de energía renovable compartida o programas preparados para colectivos de escasos recursos o viviendas sociales.
La Unión Energética
La Comisión Europea, en su Unión Energética sugiere que la democratización de la energía es la vía a seguir. Algo respaldado por el 84% de las respuestas a su consulta para la revisión de la Directiva Europea de Renovables 2030 que apoyan “normas más estrictas de la UE que garanticen que los consumidores tengan la posibilidad de producir y almacenar su propio calor y electricidad renovable y participar en todos los mercados de la energía relevantes de una manera no discriminatoria y sencilla, incluso a través de agregadores”.
Esto significa establecer políticas y medidas específicas en algunas de las piezas legislativas que se propondrán en 2016, especialmente en la revisión de la Directiva Europea de Energías Renovables y en la Iniciativa relativa al Diseño del Mercado eléctrico. Para saber cuáles concretamente, lee mi próximo post.
Sara Pizzinato
Responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace
