El presidente de Paraguay, Federico Franco, ratificó hoy que su país no seguirá cediendo a Argentina y Brasil el excedente de energía que le corresponde y no utiliza en las hidroeléctricas binacionales de Yacyretá e Itaipú.
Itaipú, la segunda mayor hidroeléctrica del mundo, es compartida por Brasil y Paraguay, cada uno de los cuales tiene derecho a la mitad de la energía generada. Como Paraguay utiliza en torno al 10 por ciento de la electricidad generada, el resto acaba en Brasil, que desde el año 2011 paga por ella 360 millones de dólares anuales. El precio fue triplicado ese año, después de largas negociaciones encabezadas por el entonces presidente, Fernando Lugo, quien había hecho de ese aumento una bandera ya desde la campaña electoral que lo llevó al poder en 2008.
Según Franco, «Paraguay tiene que hacerse respetar y Buenos Aires y Brasilia tienen que saber que terminó la época en la que el presidente paraguayo iba a recibir beneficios y les otorgaba el usufructo de nuestra energía generada».
Franco remarcó que «hoy la energía paraguaya se regala a Brasil y Argentina», hecho que fue refutado este jueves por el portavoz de la Cancillería de Brasil, el embajador Tovar Nunes, quien afirmó que su país paga por la energía que recibe de Paraguay en la Itaipú.
El jefe de Estado paraguayo volvió a defender el proyecto de instalación de una planta de procesamiento de aluminio de la multinacional canadiense Río Tinto Alcan, que consumirá parte de la energía de Itaipú que ahora es cedida a Brasil. Con una inversión de hasta 4.000 millones de dólares, la planta se instalará en el este de Paraguay y se espera que atraiga el establecimiento de un parque industrial en la zona.
El mandatario aboga por la concreción de ese proyecto pese a la las advertencias de especialistas de que Río Tinto consumirá más energía de la que Paraguay tendrá en el futuro.
Las aseveraciones de Franco surgen en momentos en que su país se encuentra suspendido temporalmente en el Mercosur, en una decisión adoptada por Argentina, Brasil y Uruguay el 29 de junio pasado, siete días después de la destitución de Lugo a través de un «juicio político» parlamentario. Los tres miembros del bloque regional impusieron esa sanción tras considerar que en Paraguay se produjo un «quiebre democrático» con la destitución del exobispo.
