El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. La norma ha sido respaldada por 180 votos a favor, 2 votos en contra y 160 abstenciones y su objetivo es acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor integración de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética.
Más cobertura del bono social eléctrico
El real decreto también busca proteger a los consumidores más vulnerables y luchar contra la pobreza energética. Para ello, la norma contiene medidas de protección relativas al bono social de electricidad para “corregir las insuficiencias detectadas y ampliar tanto su ámbito subjetivo como material”, así como medidas tendentes a “aumentar la información, protección y racionalización de los mecanismos de contratación”, incrementando la protección del conjunto de los consumidores de electricidad.
Entre dichas medidas, destaca el incremento en un 15% los límites de energía anual con derecho a descuento. También se amplía la protección a hogares con un miembro con discapacidad y con menores de 16 años, así como la obligación de comunicación de las comercializadoras a los consumidores que percibían el bono social con la normativa anterior.
Bono Social para calefacción
Por otro lado, la norma amplía la protección a otros usos energéticos, con la creación de un bono social para usos térmicos que “permitirá aliviar la factura energética de los hogares para los combustibles para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina”. En este sentido, los consumidores vulnerables que estén acogidos al bono social de electricidad a 31 de diciembre de 2018, o que hayan presentado la solicitud completa antes de esa fecha y resulten beneficiarios, recibirán a lo largo del invierno un bono que les permitirá sufragar otros usos energéticos del hogar distintos de la electricidad. La cuantía del bono se modulará por la zona climática en la que se encuentre la vivienda y dependerá del grado de vulnerabilidad del hogar.
La fiscalidad del sistema eléctrico
Por último, también se adoptan una serie de medidas relacionadas con la normativa fiscal, con el objetivo principal de moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. La primera medida anunciada, la más inmediata será la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Una medida que ya fue calificada por la ministra para la Transición Ecológica como “adecuada y acertada” para “aliviar la factura del consumidor” que “no debe soportar todos estos cambios” que afectan al precio de la electricidad. Para Ribera es “ineludible una reforma urgente del sistema eléctrico”.
Impulso al autoconsumo
Con la supresión del impuesto al sol, el Ejecutivo pretende eliminar una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, “han dificultado y desincentivado” la implantación del autoconsumo eléctrico en España. La nueva regulación se basa en tres principios: se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.
Ribera planteaba esta medida, cuando fue anunciada, atendiendo a la necesidad de activar de forma “urgente e ineludible” la transición hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía.
Otras medidas para la transición energética
Por otra parte, este Real Decreto-ley establece medidas para la transición energética. En este sentido, la norma pretende integrar energías renovables y fomentar la movilidad sostenible. Para ello, entre otros aspectos, se contempla la modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en varios aspectos y también la modificación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
La norma será tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
