Los países de la Unión Europea han acordado dejar sin efecto los tribunales de arbitraje a los que podían acudir inversores internacionales a raíz de tratados bilaterales entre Estados y que estaban suponiendo indemnizaciones multimillonarias a fondos internacionales.
La decisión llega como resultado del fallo de la Corte de Luxemburgo que determinó que la existencia de esos tribunales de arbitraje es incompatible con el derecho comunitario. Yendo más allá, el compromiso adquirido por los países considera que los arbitrajes derivados de la Carta de la Energía son también contrarios al derecho comunitario. Así mismo, el pacto apuntala la vía abierta por la justicia europea para que España fuera capaz de afrontar de manera más favorable el conflicto derivado del recorte a las energías renovables, en el que se disputa reclamaciones por más de 8.000 millones de euros.
La decisión de los Veintiocho de poner fin a los tratados bilaterales fue celebrada ayer por Bruselas. El fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea le dio la razón. A raíz de esa sentencia, los países miembros han decidido poner fin a todos esos acuerdos mediante una declaración en la que asumen las consecuencias legales de esa sentencia. “La legislación de la Unión tiene prioridad sobre los tratados bilaterales de inversión celebrados entre los Estados miembros. En consecuencia, todas las cláusulas de arbitraje entre inversores y Estados […] no son aplicables”, sostiene el documento.
España habrá de afrontar ahora una avalancha de inversores que se consideraron perjudicados por el recorte de las primas a las renovables por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado mes de agosto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que había en marcha más de 40 procedimientos de arbitraje que, en conjunto, reclamaban más de 8.000 millones de euros a España.
Según Piet Holtrop, abogado y socio de Holtrop SLP, «esto supondrá un efecto llamada para las compañías que están preparando las demandas, que acelerarán el proceso antes de que el acuerdo surta efecto. Es decir, al gobierno español le podrían llegar de repente el resto de las demandas internacionales por el recorte a las renovables.»
Las pretensiones de la declaración de los Veintiocho
La declaración de los Veintiocho, avalada por la Comisión Europea, no solo cierra la puerta a que en el futuro sigan usándose estos mecanismos, sino que también pretende dejar sin efecto los procedimientos en marcha. Los países miembros tan solo se comprometen a no impugnar acuerdos o laudos que ya no pueden ser anulados y se cumplieron antes de que se dictara la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Pero no el resto. Aun así, este compromiso afecta a todos los tratados intracomunitarios. Es decir, no afecta a mecanismos que pudieran haberse pactado con países de fuera de la UE. De hecho, la propia Ribera admitió que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial está siendo mucho más reacio a los argumentos de España.
Por otro lado, según nos comenta Holtrop, «aunque la UE quiera dejar sin efecto los tribunales de arbitraje para conflictos bilaterales en Europa, hay que tener en cuenta que la mayoría de los demandantes lo han hecho a través del CIADI, perteneciente al Banco Mundial, y tribunales de arbitraje como el de Washington deberían mantener su independencia y su neutralidad para seguir con los procesos.»
La Carta Europea de la Energía, principal problema para España
Uno de los principales problemas con los que se topaba España a la hora de defender la ilegalidad de los arbitrajes residía en que los inversores se acogían a la Carta Europea de la Energía, que incorporaba también esos mecanismos de arbitraje. Su carácter multilateral ponía en un brete los argumentos de España. El documento alcanzado por los Veintiocho entiende, no obstante, que la sentencia Achmea tiene “consecuencias legales” sobre “todos los procedimientos pendientes de arbitraje de inversiones dentro de la UE” iniciados “en virtud de tratados bilaterales de inversiones” entre países miembros pero también “de la Carta Europea de la Energía”.
La declaración de los Veintiocho va en línea con la posición de la Comisión Europea, que consideraba que los laudos internacionales que estaban concediendo inversiones millonarias a los inversores en el sector de las renovables no tenían ningún valor, ni siquiera si esgrimían la Carta de la Energía. Para Bruselas, solo los tribunales nacionales y europeos tienen la competencia exclusiva que interpretar la normativa comunitaria y garantizar la protección del inversor.
Este jueves la Comisión también ha celebrado que los Estados miembros “se hayan comprometido a emprender acciones para garantizar que la Carta de la Energía no pueda usarse como base para el arbitraje entre inversores” y países. “Esto garantizará que todos los inversores de la UE reciban un trato igual y pleno cumplimiento de la legislación de la UE. De esto se trata el mercado único”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
Fuente: El País.
