ANPIER, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha abierto una oficina permanente en Bruselas para conocer y participar en el desarrollo de las políticas y disposiciones de la Unión Europea en materia renovable.
La apertura de esta delegación coincide con el lanzamiento del trascendental borrador de medidas en política energética europea “Clean Energy for all Europeans”, que establecerá unos objetivos vinculantes para 2030 y los mecanismos para desarrollar un nuevo modelo energético en Europa. ANPIER dice en un comunicado que el borrador de Directiva de Renovables “abre una pequeña ventana de esperanza” para el sector productor de energía solar fotovoltaica.
En este sentido, destaca que el documento expresa textualmente que “(…) se ha llegado a una situación subóptima en la que los Estados miembros han introducido regímenes de ayuda que, en muchos casos, se modificaron o revocaron retroactivamente. Esto a su vez ha impactado negativamente en la confianza de los inversionistas. Por lo tanto, se necesitan normas más claras en la nueva Directiva sobre Energías Renovables para aumentar la confianza de los inversores.”
Y también reseña que en su Artículo 6 dice que “los Estados miembros velarán por que el nivel y las condiciones del apoyo concedido a los proyectos de energías renovables no se modifiquen de manera que repercutan negativamente en los derechos conferidos por ellos y en los aspectos económicos de los proyectos apoyados”.
La oficina de ANPIER en Bruselas
Laura Garau Contreras es la persona que asumirá la gestión de la nueva oficina de ANPIER en la capital comunitaria. Laura Garau es graduada en Economía por la Universidad de Baleares, con la especialización en Marketing Management por la Hanze University of Applied Sciences en Groningen y Máster en Gestión Ambiental por el Instituto Superior de Medio Ambiente.
ANPIER considera necesario tener una sólida representación en Bruselas para transmitir a las instituciones europeas, de primera mano, “la crítica situación de quiebra financiera que padecen las 62.000 familias productoras españolas de energía solar fotovoltaica, como consecuencia de los numerosos cambios legislativos retroactivos que han sufrido“, dice en el comunicado.
La Asociación recuerda que su colectivo “situó a nuestro país en la vanguardia de la generación renovable, desarrollando una tecnología, como es la fotovoltaica, que soluciona los problemas energéticos y climáticos del presente y del futuro, y demostrando que las pequeñas iniciativas son también perfectamente capaces de gestionar grandes activos energéticos, con la ventaja añadida de que los ingresos del sistema eléctrico se socialicen y se absorban en las propias economías locales“.
