Nada más conocerse el contenido del «paquete de invierno» que la Comisión Europea presentó el pasado miércoles -un borrador de medidas sobre política energética que fija el objetivo vinculante para 2030 de un mínimo del 27% de energías renovables respecto al consumo final de energía y un objetivo vinculante del 30% para 2020 en eficiencia energética-, la Fundación Renovables, Greenpeace, Amigos de la Tierra o EQUO reaccionaron en distintos comunicados y de forma separada con una insatisfacción y decepción evidentes.
La Comisión también propone que los operadores de las redes eléctricas ya no estén obligados a priorizar el acceso a la electricidad procedente de renovables a la red con respecto a la generada con carbón o en centrales nucleares. Asimismo, además de las propuestas de Energías Renovables, recoge propuestas relacionadas con la eficiencia energética, los agrocombustibles y el diseño de mercado.
En cualquier caso, estas medidas, como borradores que son, tendrán que pasar en los próximos dieciocho meses por el Parlamento Europeo y por los gobiernos nacionales para alcanzar un acuerdo. Al efecto, los ministros europeos de energía tendrán un primer encuentro para discutir estas propuestas el próximo 5 de diciembre.
Para la Fundación Renovables el paquete supone una década perdida para las renovables en Europa y un claro retroceso respecto a la anterior directiva. A su juicio, «no asegura un esfuerzo coherente con el ya realizado, ni con lo que requieren las actuales circunstancias medioambientales, al haberse alcanzado ya unos niveles promedio de dióxido de carbono en la atmósfera de 400 ppm a lo largo de 2015«.
A su juicio, el objetivo vinculante para 2030 de un mínimo del 27% de energías renovables respecto al consumo final de energía es insuficiente y mucho menos ambicioso que el salto dado con la anterior Directiva (pasar de un 6 a un 20% de penetración renovables en el periodo 2007-2020, frente al incremento solo de 7 puntos para la próxima década).
La Fundación Renovables también critica que el borrador incluya la eliminación de la prioridad de acceso a las redes y despacho de las renovables frente a las plantas contaminantes. En su opinión, esto puede suponer «que en un país como España donde prácticamente el 50% de la potencia eólica instalada está en manos de las 5 grandes compañías eléctricas y cuyos intereses en estas energías contaminantes son mucho mayores que en las energías limpias, priorizará las primeras en detrimento de las renovables, muchos más flexibles, al margen de las consideraciones medioambientales que puedan suponer».
El autoconsumo en el «paquete de invierno»
En el comunicado difundido ayer también se muestra decepcionada con el hecho de que, si bien se regula a nivel comunitario el autoconsumo y las comunidades de energía renovables, se limita el vertido a red a 10 MWh anuales en el sector doméstico y a los 500 MWh anuales para las empresas, y se establece un límite de potencia instalada de 18MW con independencia de la naturaleza de las mismas. Asimismo, llama la atención sobre que la propuesta tampoco contempla mecanismos de apoyo adaptados a pequeños proyectos desarrollados individualmente «lo que limita también el necesario empoderamiento de los consumidores«, apostilla.
Por su parte, el eurodiputado de EQUO (Los Verdes-ALE), Florent Marcellesi, opina que «el objetivo de una cuota del 27% para las energías renovables equivaldría a reducir a la mitad la tasa de nueva capacidad instalada anualmente durante la próxima década. Mientras tanto, los pagos por capacidad que la Comisión podría permitir, solo dan más aire a las grandes eléctricas y a sus centrales contaminantes de carbón y gas. Además, la falta de valentía de la Comisión sobre la energía nuclear es altamente decepcionante después del accidente de Fukushima y sus promesas anteriores. Bajo los planes de la Comisión, Europa se enfrenta a una década perdida para la transición energética limpia».
Sara Pizzinato, responsable de la campaña de renovables de Greenpeace, también piensa que «estos borradores de medidas están hechos para favorecer a las grandes empresas energéticas contaminantes en vez que a la ciudadanía europea. La Comisión Europea está echando el freno a las renovables y, al mismo tiempo, pretende dejar que los gobiernos nacionales sigan regalando dinero público a las centrales de carbón por lo menos durante otra década, lo que pondrá en riesgo la capacidad de la Unión Europea para cumplir con su compromisos internacionales en materia de cambio climático y minar la participación ciudadana en las energías renovables«,
Y es que, según informa la organización ecologista en un comunicado, «alrededor del 95 % de las centrales eléctricas de carbón podrían recibir pagos por capacidad hasta 2026 en virtud de las propuestas de la Comisión que asigna un límite de emisiones de CO2 solo a las nuevas centrales después de 2026. A partir de ese año todas las centrales térmicas que piden recibir pagos por capacidad deberán emitir menos de 550g de CO2 kilovatio/hora«.
Por su parte, Amigos de la Tierra considera que el grueso del paquete se aleja de la urgencia requerida para abordar el cambio climático de manera efectiva. «Al analizar el documento, lo que más nos ha alarmado es la poca voluntad para abandonar de una vez por todas y para siempre el uso y la extracción de combustibles fósiles a nivel europeo; al fin y al cabo los gases que se generan por su combustión son la principal causa del cambio climático en el mundo – y nos alejan del compromiso adquirido en París”, piensa Hector de Prado, responsable de clima y energía de esta organización.
