A pesar de que el Ministerio de Industria ha aprobado una resolución para adoptar cambios regulatorios de cara a detectar más fácilmente posibles fraudes de «comercializadoras piratas», las empresas medianas y pequeñas que operan en el mercado eléctrico siguen preocupadas ya que esta situación las desacredita ante el consumidor y les causa un perjuicio económico puesto que es el sistema eléctrico el que suele asumir la deuda resultante.
Ya hace unos meses que Red Eléctrica, REE, presentó un informe que fue aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 29 de marzo y que ha dado pie para que el Ministerio de Industria apruebe una resolución de cara a introducir cambios regulatorios que hagan más díficil que se produzcan estas situaciones.
En suma, se ha detectado que «comercializadoras piratas» venden una energía al cliente final por la que no han comprado. El problema es que el plazo que tiene el operador del sistema, Red Eléctrica, REE, para comprobar estas liquidaciones es de alrededor de siete meses, lo que complica la posibilidad de detectar estas situaciones con más antelación, explican fuentes del sector a EnergyNews.
Es decir, no es hasta pasados varios meses después cuando REE puede comprobar que la energía suministrada por un comercializador no coincide con la que ha comprado. A este tiempo hay que sumar el que transcurre desde que se detecta ese desfase hasta que el Ministerio, si procede, retira la licencia de comercializador eléctrico a esa empresa, añaden.
Cambios regulatorios
Los cambios regulatorios que planean desde instancias gubernamentales puede que vayan en la dirección de reducir los plazos para las liquidaciones o aumentar la cuantía que se pide para obtener la licencia de comercialización que ahora supone 3.000 euros, cuando hace diez años suponía el doble.
Estas medidas podrían agilizar los procesos y paliar en parte el problema pero para las pequeñas y medianas comercializadoras «sería un parche«, dicen. Y es que otro de los problemas que se les viene encima con esta situación, «además del recelo de los consumidores que pueden dirigirse a compañías grandes a la hora de contratar su electricidad, es que usualmente es el sistema el que se hace cargo de la deuda provocada en el desfase de esa operación, repercutiéndola al resto de comercializadoras. Algo que evidentemente supone una mayor perjuicio económico para las empresas con menos capacidad económica«, apuntan.
