El pasado uno de julio, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se despachó a gusto en declaraciones realizadas durante el Campus Faes y recogidas por Europa Press, en las que afirmaba entre otras lindezas, que las renovables habían sido un fogonazo y un artificio y ahora sólo quedaba la deuda.
Tres días han tardado algunas de las asociaciones que defienden el sector para meter el dedo en la llaga y demostrar con sus explicaciones la ineptitud tanto del secretario como del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. ¿Cómo se puede calificar de fogonazo y artificios la enorme contribución macroeconómica de las renovables en términos de PIB, creación o mantenimiento de empleo, ahorro de importaciones de energía y el posicionamiento de nuestras empresas ante los mercados exteriores? se preguntan.
Las asociaciones ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR y UNEF han demostrado con datos, que el déficit de tarifa no es debido a las primas a las renovables. Un déficit que se produjo por la decisión política de no adecuar los ingresos a los costes reconocidos y los errores de previsión del Gobierno.
Algunos datos
El déficit de tarifa en 2008 era ya de 17.000 millones de euros según datos de la CNE, cuando las primas a las renovables eran hasta entonces de 5.000 millones. Por otro lado, tanto la Comisión Europea como la CNE han señalado que las principales causas del déficit son la falta de competencia en el mercado eléctrico y la excesiva retribución de grandes instalaciones –nucleares y grandes hidráulicas- ya amortizadas. Las citadas asociaciones se preguntan ¿por qué estas centrales no cobran una tarifa fija en lugar de ser remuneradas al precio que cobra la tecnología más cara? Durante todo el año pasado el precio medio de la electricidad ha sido de unos 50 €/MWh, cuando el precio de generación del MWh nuclear es de 20 euros, según manifestó el ministro Soria hace unos días en el Congreso de los Diputados. En los últimos diez años, este exceso de retribución ha supuesto una cuantía prácticamente equivalente al déficit de tarifa acumulado.
Para las asociaciones, las renovables no han contribuido al déficit de tarifa el pasado año, ya que su desviación con relación a las previsiones apenas superó el 1%. En cualquier caso, las primas han representado en 2012 un 17% de los costes totales del sistema eléctrico.
Otras consideraciones
El papel de las renovables en la subasta eléctrica que determina el precio se ha demostrado como fundamental ya que desde 2004 estas ofertan a precio cero en el mercado, contribuyendo a un ahorro neto de unos 9.000 millones de euros.
Denuncian también las asociaciones que hasta ahora no se haya exigido la liquidación de los CTCs a las compañías eléctricas, que asciende a unos 3.400 millones de euros, y que tampoco se haga referencia a los enormes EBITDAS del negocio de Distribución como contribuyentes significativos pasados y actuales al déficit y de los que las empresas eléctricas socios de Unesa han venido haciendo gala en sus juntas de accionistas.
Sobre la prioridad de despacho
Aludía Nadal en sus declaraciones a la prioridad de despacho de algunas tecnologías, argumentando que en la reforma se garantizará la rentabilidad razonable y que en su elaboración se tendrá en cuenta que «hay agentes participantes que tienen todo vendido nada más empezar, por tener preferencia de despacho o como gestor de red», mientras que «otros» tienen «más riesgo de mercado o tecnológico».
A este respecto las asociaciones le preguntan al Gobierno si prefieren que se vierta energía renovable primaria para importar más combustibles.
Piden
Las cuatro asociaciones piden al Ministerio de Energía, piden que las primas a las renovables se trasladen al término de energía para no perjudicar a los consumidores por la ficción de peajes más elevados cuando los costes de energía sean inferiores, gracias, precisamente, a las renovables. En opinión de los responsables de las citadas asociaciones, “no puede ser que todos los ajustes se realicen sobre los costes regulados y no se analice en profundidad el irregular funcionamiento del mercado y, por tanto, los mal llamados costes liberalizados”. Piden a fin de cuentas, una auditoría en profundidad e independiente de todos los costes que inciden en la factura eléctrica.
