En este artículo, José María González Moya, Director General de APPA Renovables, pone de manifiesto la gran importancia de la seguridad jurídica, la planificación a largo plazo o la visibilidad de la retribución, así como del papel del regulador, en el objetivo de la transición energética.
Muchas veces oímos a gurús de la economía postular sobre el sector energético sin ser conscientes de la verdadera realidad del mismo. Esto hace que, en el caso de las energías renovables, se hayan criticado los incentivos a las energías limpias y no la forma. Si la forma hubiera sido distinta, no nos habríamos excedido de los objetivos marcados en 2008 para, años después, paralizar al sector. Lo que no es criticable es el fondo de los incentivos. Gracias a ellos, se consiguió incentivar un mercado a nivel mundial y hoy disfrutamos de una reducción de costes del 85% en 9 años. Dicho de otro modo, gracias a los incentivos, la fotovoltaica pasó de ser una de las tecnologías de generación más caras a una de las tecnologías más baratas. Sin incentivos y compitiendo contra las tecnologías tradicionales.
Todo el mundo se beneficia de esa reducción de costes y, aunque pueda ser criticable la forma en la que se diseñaron los incentivos y la política “stop and go” que surgió posteriormente, solo las fuentes renovables han recorrido de esa forma su curva de aprendizaje. Los hidrocarburos, de los que seguimos siendo en España escandalosamente dependientes, o la energía nuclear, que hoy se encuentra en discusión la extensión de su vida útil o los costes de su desmantelamiento, no han experimentado abaratamientos similares ni parecidos. A pesar de ello, los economistas que criticaban los incentivos a las renovables no defienden hoy a estas mismas tecnologías cuando ya no los necesitan. El ruido durante el desarrollo y el silencio durante la madurez delatan sus intereses.
No se trata de un debate entre renovables o hidrocarburos, se trata de seguridad jurídica, de visibilidad de los ingresos percibidos por las inversiones ya efectuadas. Se trata de que el regulador tiene una importancia capital cuando impulsa o modifica normas que afectan a inversiones sobre las que se asientan décadas de nuestro futuro.
En contraposición con las energías renovables, que se veían como energías “subvencionadas”, nunca se hablaba de las ayudas a las energías tradicionales. A pesar de que desde los organismos internacionales se denuncia regularmente que las renovables siguen recibiendo menos ayudas que las tradicionales o que, en el propio borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se cifraban las exenciones y deducciones aplicadas a los combustibles fósiles en una cantidad superior (5.925 milones frente a 5.674) a la retribución regulada de las energías renovables, siempre se vio a las energías tradicionales como “liberalizadas” y no dependientes del regulador.
Sin embargo, ha bastado una propuesta – que no una ley firme – de la CNMC sobre la distribución y el transporte eléctricos y gasistas para que empresas como Naturgy, Endesa o Iberdrola y los operadores de redes Enagás y REE hayan visto fuertes caídas en bolsa y empeoramiento en sus predicciones.
Bien parece que renovables y energías tradicionales o inversores particulares, corporativos o incluso operadores de red, son igualmente vulnerables a los cambios regulatorios. Cuando antes hablábamos de hachazo a las renovables, hoy hablamos de hachazo a eléctricas y gasistas. Hoy, las grandes empresas amenazan con arbitrajes… pueden pedir consejo a los grandes inversores internacionales de renovables, que ya han ganado unos cuantos contra el Estado.
No se trata de un debate entre renovables o hidrocarburos, se trata de seguridad jurídica, de visibilidad de los ingresos percibidos por las inversiones ya efectuadas. Se trata de que el regulador tiene una importancia capital cuando impulsa o modifica normas que afectan a inversiones sobre las que se asientan décadas de nuestro futuro.
El Gobierno, en el PNIEC, cifra en 263.124 millones de euros las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos. De ese montante, más de 100.000 millones de euros son en renovables y más de 40.000 millones en redes y electrificación. Estas inversiones se les pide a las empresas que en el pasado sufrieron recortes, en el caso de las renovables, y a los que hoy se les está planteando, en el caso de las redes. Y todas estas inversiones se piden cuando aún no se ha fijado la rentabilidad razonable de las instalaciones pasadas. Estamos planteando objetivos a 2030, en los que tenemos que empezar a trabajar, sin conocer cuál será la retribución en 2020 a las instalaciones que se pusieron en marcha hace ya una década.
Cuando, desde APPA Renovables, insistimos una y otra vez en los conceptos de seguridad jurídica, de planificación a largo plazo o de visibilidad de la retribución, no lo hacemos por capricho. El regulador debe ser consciente de la importancia que tienen sus mensajes y de su papel principal en la consecución de los objetivos.
