La CNMC ha acordado la revisión de oficio de diversas liquidaciones de actividades reguladas del sector del gas natural relacionados con el almacén subterráneo de gas Castor. En concreto, las relativas a los pagos realizados a Escal, Enagás Transporte, Bankia, Caixabank y Banco Santander.
Esta revisión de oficio vino motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre de 2017 (recursos 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015). En ella se declaró la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, previstos en el Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, tras la renuncia de su titular, Escal Ugs SL.
Las resoluciones de la CNMC consideran que la nulidad del citado RD-L 13/2014 privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisar los pagos realizados.
La declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones determina la obligación de los interesados de reintegrar al sistema de liquidaciones de las actividades reguladas del sistema de gas natural los importes recibidos. Su desglose es el siguiente:
Precedentes del almacén subterráneo de gas Castor
En diciembre de 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional analizó el real decreto-ley con el que el Gobierno acordó la “hibernación” de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas Castor y declaró inconstitucionales los artículos que fijan el pago de una compensación económica de 1.350 millones a las empresas promotoras de la plataforma.
«No concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto-ley«, explicó.
El Tribunal consideró que no se dieron las razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto-ley (art. 86.1) ni en lo que se refiere al pago de la indemnización y al cargo de la misma a Enagás Transporte S.A.U. ni respecto de la concesión a esta última del derecho de cobro del sistema gasista.
Del mismo modo, en septiembre de 2018, El Congreso de los Diputados aprobó casi por unanimidad la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades en la construcción, financiación e indemnización del almacén subterráneo de gas Castor situado en Vinaroz (Castellón). El Pleno de la Cámara Baja debatió con el fin de estudiar las irregularidades del proyecto Castor tras hacerse público un documento del Ministerio de Energía que demostró que el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a ACS, la empresa de Florentino Pérez.
