Escribo estas líneas sobre el futuro de la energía nuclear en España nada más conocer las cifras ya definitivas del escrutinio electoral de las votaciones del 20-D. Como resulta evidente, tras el resultado de estas elecciones generales, todo está, de momento, en el aire: también la política energética. Un artículo de Carlos Bravo, experto en energía y consultor ambiental.
Dado que cada uno de los cuatro partidos con más opciones de ganar estos comicios se ha quedado finalmente muy lejos de conseguir la mayoría absoluta, todo queda al albur de los pactos que se puedan arbitrar para favorecer la formación de un nuevo gobierno, si bien, ahora mismo, recién celebradas las elecciones, ninguna de las alianzas teóricamente posibles parece ser fácil de conseguir.
Por ello, al menos en el corto plazo, hasta que no se despeje el panorama político y se vislumbre algún pacto que garantice el nombramiento de un presidente del Gobierno, es difícil predecir que podrá pasar al respecto. Así, se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad a medio y largo plazo del parque nuclear español y también sobre los asuntos más candentes y urgentes dentro de la problemática nuclear española: la reapertura o no de la central de Garoña (Burgos) y la continuidad del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad, actualmente propuesto en Villar de Cañas (Cuenca).
En las actuales circunstancias, dada la distribución final de escaños en el Congreso de los Diputados, la labor de formar Gobierno puede llegar a ser muy complicada y llevar mucho más tiempo del habitual. Hasta dentro de un mes no se constituirán las nuevas Cortes Generales. Después, tal y como establece la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados, los nuevos diputados de esta cámara tendrán que votar al candidato propuesto por el Rey, que será investido presidente si obtiene mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda convocatoria, 48 horas después, lo cual ahora mismo no parece muy factible. Si pasados dos meses de la primera votación no se consiguiera la investidura de ese candidato u otros propuestos posteriormente, las Cortes quedarían disueltas y se convocarían nuevas elecciones generales.
Lo que sería escandaloso es que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta que la formación del nuevo gobierno puede ir para largo, quisiera aprovechar este lapso de tiempo para conceder a la central nuclear de Garoña el permiso de explotación hasta el 2031 solicitado por Endesa e Iberdrola (las propietarias de la central, a través de Nuclenor S.A., cada una con un 50%) y conceder la autorización de construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas, a pesar de los graves problemas de seguridad de este emplazamiento.
El Partido Popular se ha mostrado siempre partidario de la energía nuclear. Aunque en su programa electoral trata de mostrarse ambiguo: “Gestionaremos los permisos de los emplazamientos nucleares conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores”, lo que ha quedado claro durante toda la legislatura y durante la reciente campaña electoral es que el PP es partidario de alargar la vida de las centrales nucleares hasta, por lo menos, 60 años, y poner en marcha nuevamente la central de Garoña (que ya lleva parada tres años enteros y entró oficialmente en situación de cese definitivo de explotación el 6 de julio de 2013). También quiere construir el ATC, sea como sea, en Villar de Cañas.
[pullquote]si finalmente se adoptara un pacto entre PSOE y Podemos, o entre estos dos partidos y Ciudadanos. …, debería producirse un abandono progresivo de las centrales nucleares[/pullquote]
Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, a pesar de su aplastante mayoría absoluta en la pasada legislatura, no se ha sentido con fuerza para hacer una ley que fijara en 60 años la vida operativa de las centrales nucleares. Pero, lejos de abandonar ese empeño, ha diseñado una estrategia alternativa, de carácter más indirecto, a través de un conjunto de enrevesadas maniobras políticas y jurídicas, para tratar de conseguir ese mismo objetivo.
La piedra angular de esa estrategia es la prórroga de funcionamiento por 17 años solicitada por la central de Garoña, con la cual el Partido Popular trata de sentar un precedente para conseguir el alargamiento de la vida operativa de las demás centrales nucleares hasta los 60 años.
Así, el Gobierno de Rajoy ha realizado en los últimos años modificaciones ad hoc de la legislación relativa a las instalaciones nucleares para ignorar la situación de cese definitivo de la explotación de Garoña y para copar políticamente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con consejeros afines al Partido Popular para tener mayoría absoluta en las decisiones del Pleno. Esto último le posibilita saltarse las prácticas regulatorias del CSN sobre las revisiones periódicas de seguridad de las centrales nucleares, e imponer un secretismo a ultranza dentro del propio CSN y también puertas afuera.
Como denuncian fuentes internas del CSN, ambas eléctricas pretenden que el Consejo les conceda cuanto antes el permiso solicitado por 17 años más aunque sea con un condicionado sobre las costosas mejoras de seguridad a realizar tras la concesión de dicho permiso. De esta forma, acto seguido, el actual Gobierno, incluso aunque estuviera en funciones tras las elecciones generales, podría aprobar la orden ministerial correspondiente. Conseguiría así generar, en primer lugar, unos derechos adquiridos para Nuclenor que luego podría reclamar el lucro cesante a un hipotético Gobierno que quisiera cerrarla. Y, en segundo lugar, un precedente de tramitación y autorización que se tendría que seguir cuando a cualquier otra central nuclear le venciera su vigente permiso de explotación.
Tanto el PSOE como PODEMOS se han manifestado partidarios de no autorizar el nuevo permiso de funcionamiento de Garoña, la cual en 2013 cumplió los 42 años de vida útil. La postura de Ciudadanos es que «no es necesario prorrogar la vida útil de las nucleares más allá de lo que ya está establecido, de los 40 años de vida útil que se establecen en general para las nucleares». Ante estas posiciones, Endesa e Iberdrola y el Partido Popular tienen prisa para dejarlo todo atado y bien atado.
Si finalmente el Gobierno en funciones no llevara a cabo esta antidemocrática operación, podríamos pasar a plantearnos las diferentes posibilidades en virtud de los pactos posibles, asumiendo, para esta labor, que todos los partidos respetan sus compromisos electorales.
El programa del PSOE contiene el compromiso de implantar un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, que culminará en la fecha límite del 2028, comenzando inmediatamente con la clausura definitiva de Garoña.
Por su parte, Podemos defiende un cierre programado de las centrales nucleares que se produciría progresivamente conforme caducasen sus licencias de operación en vigor, siéndola la última en expirar la correspondiente a la instalación atómica de Trillo (Guadalajara) en 2024.
Por lo tanto, si finalmente se adoptara un pacto entre PSOE y Podemos, o entre estos dos partidos y Ciudadanos, que favoreciera la formación de un Gobierno por alguna o varias de estas formaciones, debería producirse un abandono progresivo de las centrales nucleares, cerrando la última entre 2024 y 2028, según los detalles del pacto. Por supuesto, la central de Garoña no volvería a entrar en funcionamiento.
Más difícil es saber en qué quedaría la cuestión del cementerio nuclear. El PSOE plantea revisar la decisión sobre su instalación en la localidad conquense de Villar de Cañas, donde Podemos Castilla-La Mancha se opone tajantemente a su construcción, pero no se conoce la postura detallada al respecto de la gestión de residuos radiactivos de ninguno de estos partidos a nivel estatal ni tampoco de Ciudadanos, salvo las típicas generalidades de que esta gestión se hará “garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad”, como se menciona en el programa del PSOE.
Un posible pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, contra el que no se lograra oponer una mayoría de diputados en número superior al de los escaños de esas dos formaciones, tendría que discutir mucho para ponerse de acuerdo sobre política energética, pues en esta materia sus planteamientos son muy distantes en muchos aspectos (fracking, autoconsumo energético, energías renovables…). Al respecto de la vida operativa de las centrales nucleares hay dos posturas bien distintas: el PP opta por el alargamiento sine die de todas las instalaciones; Ciudadanos, si respeta sus compromisos, las cerraría cuando éstas cumplieran 40 años. Con respecto a la gestión de residuos radiactivos, el PP tampoco dice nada en su programa. Este tema es uno de los que más debate necesita en España.
Carlos Bravo, ([email protected]), biólogo, consultor ambiental.
Miembro de Salvia y Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava
