La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado el informe en el que analiza la propuesta de Orden del Ministerio de Energía (MINETAD) sobre la segunda subasta de interrumpibilidad de 2018.
La interrumpibilidad es un sistema de subastas que permite que las empresas que consumen más electricidad reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país.
La propuesta de Orden que informa ahora la CNMC se refiere a las condiciones de la segunda subasta de potencia ininterrumpible que propone el MINETAD para cubrir los últimos 7 meses de 2018. La Comisión en su informe sobre la primera subasta de 2018 ya expuso que el MINETAD debería haber planificado mejor la subasta, de forma que cubriese todo el año, recuerda la Comisión en un comunicado.
La Comisión en su informe sobre la primera subasta de 2018 ya expuso que el MINETAD debería haber planificado mejor la subasta, de forma que cubriese todo el año.
Entonces, el Ministerio justificó la existencia de dos subastas por necesitar más tiempo para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, en la nueva subasta, la CNMC no aprecia ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente.
De esta forma, los únicos cambios con respecto a la primera propuesta son: la sustitución del producto de 90 MW por un producto nuevo de 40 MW para aumentar el número de empresas en la subasta y la exigencia a las empresas que participen de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.
La CNMC también recuerda la complejidad del sistema de subastas de interrumpibilidad y sus altos costes (1,3 millones de euros en 2015, y entre 500.000 y 600.000 de euros cada año a partir de entonces) muy superior al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España (con costes situados entre 75.000 y 205.000 euros).
