El BOE publicó ayer la sentencia del Tribunal Constitucional en la que desestima una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional sobre que los planes de ahorro y eficiencia energética tuvieran que ser financiados entre 2011 y 2013 por once empresas del sector energético.
Madrid. Elena Alonso Asensio
«Es la primera vez que un órgano judicial en España, y nada más y nada menos que el principal, el Tribunal Constitucional, falla a favor de la financiación de la eficiencia energética a través de un sistema de obligaciones para las empresas que venden energía» manifestó ayer a EnergyNews Javier García Breva, experto en Políticas Energéticas y Presidente de N2E.
«Hasta ahora el sector energético (eléctricas, gasistas e incluso petroleras) han recurrido siempre los planes de eficiencia energética que siempre se han financiado a través de la tarifa eléctrica y el Tribunal Supremo siempre ha dado la razón a las eléctricas».
La sentencia dice textualmente que «la selección de las once entidades obligadas a financiar los planes de ahorro y eficiencia energética tiene una justificación objetiva y razonable, respetando, asimismo, el canon de proporcionalidad exigible«.
Estas once empresas y los porcentajes de acuerdo a los cuales participaron en la financiación se detallan en la propia sentencia:
El Fondo Nacional de Eficiencia Energética
García Breva destaca además que esta sentencia es un antes y un después en cuanto que crea jurisprudencia en nuestro país para que, por ejemplo, el Tribunal Supremo falle a favor de la eficiencia energética. Y es que la propia sentencia hace referencia a que durante su tramitación se ha producido la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE que ha dado lugar a la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
«Esta sentencia va a venir muy bien para las demandas que hay ahora interpuestas en el Supremo contra la financiación que se ha establecido para el Fondo Nacional de Eficiencia Energética» , opina Javier García Breva. Un Fondo que está estipulado que se financie cada año con las obligaciones de eficiencia energética del 1,5% de la facturación de ventas de energía, es decir, las empresas que venden energía tienen que ingresar en una cuenta del IDAE cada año la cantidad que determine una orden ministerial. En total, son entre ochenta y cien empresas y entre 200 y 300 millones de euros cada año.
El caso es que, tal y como explica García Breva- la mayor parte de las empresas energéticas, no sólo eléctricas sino también petroleras y gasistas, han recurrido este mecanismo de financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética ante el Tribunal Supremo, que ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que le diga si el mecanismo este diseñado conforme a la Directiva.
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