El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente nuevas normas para acelerar el recorte de las emisiones industriales de CO2 lo que ha provocado la alarma en algunos sectores que miran como una alternativa la deslocalización de su producción. Sin embargo, la UE ya había previsto esta posible «fuga de carbono» y ha tomado algunas medidas.
Con el objetivo de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París el Parlamento Europeo aprobó a primeros de mes nuevas normas para acelerar el recorte de las emisiones de CO2 que tendrán que ser refrendadas por el Consejo y posteriormente publicadas en el Diario Oficial de la UE.
Estas medidas intensificarán el ritmo de reducción de derechos de emisión disponibles en el “mercado del carbón” del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que cubre alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
En este sentido, se incrementará la reducción anual de la cuota de derechos de emisión colocados en el mercado hasta el 2,2% a partir de 2021 (estaba planeado un 1,74% hasta ahora), y se reevaluará anualmente para elevarla en 2024.
El problema es que se pretende incentivar el recorte de las emisiones mediante el aumento del precio de los derechos. Para conseguir este aumento del precio se duplicará la capacidad de la reserva de estabilidad del mercado ETS para absorber el exceso de derechos de emisión en el mercado. Una vez activada, absorbería hasta un 24% de los derechos de emisiones en exceso en cada ejercicio, durante los cuatro primeros años, explicaba entonces el Parlamento Europeo.
Para reducir emisiones se crearán dos nuevos fondos: unos de ellos de “modernización” para ayudar a actualizar los sistemas energéticos en los países de la UE de menor renta y otro para apoyar proyectos de energías renovables, de captura y almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono.
En la elaboración de estas normas, el Parlamento Europeo ya previó que ciertos sectores industriales pensaran en la deslocalización de la producción para evitar los sobrecostes que les pudieran suponer la compra de derechos de emisión.
Para evitar la fuga de la producción de empresas europeas a otras áreas por las restrictivas medidas en materia de reducción de emisiones, el PE ha establecido que los sectores con mayor riesgo reciban sus derechos de emisión de forma gratuita
Es lo que ha ocurrido esta última semana con el sector español del azulejo que en el marco del congreso internacional Qualicer 2018 celebrado esta semana en Castellón, el presidente de Grespania, Luis Hernández, o el de Ascer la patronal del sector en España, Vicente Nomdedeu, han puesto de manifiesto esta posibilidad, tal y como ha informado la edición regional del diario El Mundo que señala que para Hernández la exigencia de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 40% hasta 2030 es imposible de cumplir incluso con las técnicas de producción más eficientes y que la consiguiente compra de derechos de emisión provocará al sector «unos sobrecostes tremendos que obligarán a la cerámica europea a buscar entornos diferentes para poder competir«.
Sin embargo, y para evitar la fuga de la producción de empresas europeas a otras áreas por las restrictivas medidas en materia de reducción de emisiones, el PE ha establecido que los sectores con mayor riesgo reciban sus derechos de emisión de forma gratuita. Otros sectores menos afectados recibirán gratis el 30%.
Según la ponente Julie Girling (ECR Reino Unido), “se ha hecho lo posible por lograr un acuerdo ambicioso. Hemos resuelto muchos problemas, desde un precio demasiado bajo para el carbono al difícil equilibrio entre los objetivos medioambientales y la protección de la industria europea
