Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron ayer el esperado e histórico acuerdo para la creación del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para relanzar las economías de los países miembros, en especial la de aquellos donde el COVID-19 ha golpeado con más fuerza, como Italia y España. ¿De qué manera afectará a los planes de transición energética en el continente?
El plan de reconstrucción económica, calificado por Pedro Sánchez como «un auténtico Plan Marshall», estará financiado por una emisión de deuda conjunta por la Comisión Europea, tendrá una duración de 3 años y, adicionalmente, se sumará un presupuesto de 1,074 billones de euros para el periodo comprendido entre 2021 y 2027.
Del total del presupuesto, 140.000 millones estarán destinados para España, de los que 72.700 millones se utilizarán para transferencias o ayudas directas. La cantidad destinada a nuestro país supone más del 11% del PIB Nacional.
Recorte al Fondo de Transición Justa
En gran parte, el objetivo del fondo de recuperación es ayudar a los gobiernos europeos a reconstruir y reforzar sus economías, pero otra parte servirá para apuntalar el presupuesto de algunos programas europeos. Sin embargo, estas dotaciones para programas europeos se han visto reducidas en favor de ayudar a países duramente afectados por la pandemia del COVID-19.
Entre los más perjudicados se encuentra el Fondo para la Transición Justa, llamado a ser la piedra angular del Pacto Verde Europeo y con el objetivo de reconvertir las zonas europeas más dependientes del carbón. De los 30.000 millones de euros que inicialmente estaban previstos, el fondo finalmente contará solamente con 10.000 millones de euros.
A este respecto, un dictamen publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo considera necesario que la modificación de los fondos destinados al Fondo de Transición Justa debe dar como resultado el establecimiento de un vínculo más claro con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión Europea. El dictamen expresa que, si bien se facilitan recursos adicionales para la transición de la UE hacia una economía descarbonizada en 2050, la financiación debería orientarse en base a las necesidades y la mejora de los resultados. En este sentido, advierten que, de lo contrario, podría hacerse realidad el riesgo de que no se lleve a cabo el cambio estructural necesario y haya que volver a refinanciar el proceso de transición energética.
¿Cómo se deben utilizar los fondos?
CAN Europe, a través del proyecto Life Unify, en el que participa SEO/BirdLife y CEE Bankwatch han publicado un informe en el que se analizan de forma conjunta las inversiones y medidas enumeradas en los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima de 14 Estados Miembros entre los que figuran Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Hungría, Letonia, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia y España.
El informe pone de manifiesto aquellas medidas con gran potencial de impulso de la recuperación verde y que, por tanto, han de ser prioritarias a la hora de recibir fondos europeos. Del mismo modo, el informe también señala algunas actividades con altas emisiones que no deberían ser apoyadas por la UE debido al riesgo que suponen para la biodiversidad y los ecosistemas.
En España, las medidas a priorizar están directamente relacionadas con el papel de las ciudades y los municipios en la transición energética. Así, el informe destaca medidas en los ámbitos de la movilidad urbana con transporte cero emisiones, las comunidades energéticas y el autoconsumo, la eficiencia energética en edificios y la «naturalización urbana», en la que una mayor presencia de vegetación y espacios verdes reduce el efecto ‘isla calor’, creando así ciudades y edificios con menos demanda de energía.
Por otra parte, en un segundo grupo de medidas, el informe destaca aquellas dirigidas al medio rural en el que incluyen la protección de sumideros de carbono tanto agrícolas como forestales.
Por último, se establece un tercer grupo de medidas dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, ya que la agricultura representa un porcentaje del 20% de las emisiones producidas por los sectores difusos en España. De forma adicional, vuelven a recalcar la importancia de no dedicar fondos europeos a nuevas inversiones en vehículos con motor de combustión o infraestructuras de combustibles fósiles.
Reacciones a la aprobación del fondo de recuperación
En un comunicado, Greenpeace ha mostrado su disconformidad, en primer lugar, con el hecho de que se hayan recortado los presupuestos de iniciativas como el Fondo de Transición Justa. La organización alega que el plan de recuperación económica indica que el 30% del presupuesto debe destinarse a medidas dirigidas a plantar cara al cambio climático. Sin embargo, no se ha establecido ninguna directiva para que las industrias contaminantes no reciban fondos. Por tanto, desde Greenpeace consideran que no se puede hablar de un plan de recuperación económica verde y justo.
Por su parte, José María González Moya, Director General de APPA Renovables, señala que la aprobación del fondo de recuperación es una buena noticia en líneas generales, ya que el 30% del presupuesto estará dirigido a actuaciones que contribuyan a la lucha del cambio climático y en este aspecto, las renovables son las protagonistas.
Del mismo modo, también ha expresado su preocupación acerca del recorte realizado al Fondo de Transición Justa, muy importante para que nadie se quede atrás en el proceso de la transición energética. Aún así, con un correcto y sosegado desarrollo de las energías renovables, se puede seguir avanzando progresivamente.
Por último, también ha mencionado los recortes en I+D+i como algo preocupante, ya que las inversiones en este ámbito han tenido mucho que ver en que, a día de hoy, tecnologías con gran peso como la eólica y la fotovoltaica hayan alcanzado un gran grado de madurez.
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