El día 1 de diciembre España tiene que presentar a la UNESCO un paquete de medidas para que Doñana pueda continuar siendo Patrimonio de la Humanidad. La petición lanzada en change.org para pedir la paralización del proyecto de Gas Natural, que pretende construir un almacén de gas contaba a día de ayer 119.347 firmas de las 150.000 que requiere de cara a exigir desde el Parlamento de Andalucía que se detengan los trabajos que la compañía ya ha comenzado en la zona.
El proyecto, según informa Equo, pretende convertir el espacio natural en una instalación industrial llevando a cabo nuevas prospecciones y sondeos para primero extraer el gas del subsuelo y posteriormente volver a inyectarlo y usarlo como almacén, para lo que construirá nuevos pozos y gasoductos subterráneos.
En concreto, Gas Natural Fenosa pretende realizar siete nuevos pozos con los que extraer y reinyectar gas en el subsuelo del entorno Natural de Doñana. Además, necesita instalar 72 km de gasoductos dice Greenpeace que asegura que actualmente la empresa ya está acometiendo sus primeras obras en la zona.
Este pasado sábado, la Plataforma Salvemos Doñana convocó una marcha de protesta desde El Rocío hasta el Centro de Visitantes de La Rocina, en la entrada al Parque Nacional, en la que han participado alrededor de 3.000 personas que con su presencia han querido visibilizar su rechazo.
“Todos y todas rechazamos las pretensiones de la empresa, y por eso estamos hoy aquí, unidos bajo el paraguas de la Plataforma, para mostrar nuestra rotunda oposición a las pretensiones de Gas Natural, que quiere convertir Doñana en una instalación industrial”, señaló en la manifestación Juantxo López de Uralde, de Equo, cuya formación pertenence a la plaforma. Uralde ha destacado además el riesgo sísmico que conlleva el proyecto y “que no se ha evaluado adecuadamente antes de conceder unos permisos que deberían ser revocados”.
Por su parte, la parlamentaria andaluza Carmen Molina destacó durante la marcha que el hecho de que a Gas Natural “se le hayan concedido los permisos ‘troceados’ para que el impacto global quede minimizado, una trampa que demuestra que tanto la empresa como las Administraciones que han hecho la vista gorda eran conscientes de que el proyecto al completo nunca podría haberse autorizado por las consecuencias que tendrá”.
Al respecto, Greenpeace, que ha suscrito el manifiesto de la Plataforma Salvemos Doñana y forma parte de la Iniciativa Social por Doñana junto a otros colectivos ecologistas y representantes de la sociedad civil y también ha lanzado una campaña de recogida de firmas, ha participado en el estudio que revela el elevado riesgo sísmico del lugar, firmado por reconocidos geólogos.
Proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana
El documento desaconseja completamente el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana. En el mismo se describe la complejidad de la estructura geológica del golfo de Cádiz donde la actividad sísmica es activa y muy reciente. De esta manera advierte de que «el Parque Nacional de Doñana se encuentra dentro del peligroso “polvorín sísmico” del suroeste de España que ha sido azotado por los terremotos y tsunamis históricos más devastadores de la península Ibérica, la mayoría de ellos con epicentros en el Atlántico proximal al suroseste de Portugal y en la mitad norte del Golfo de Cádiz (hasta 18 seísmos de gran magnitud), el gran seísmo de Lisboa de 1755 (magnitud 8.5 a 9, tsunamis de hasta 15 m de altura, 60.00 víctimas mortales), el seísmo del Cabo de San Vicente de 1969 (magnitud 7.8), etc…«.
Según dice Greenpecae en un comunicado «estos datos no han sido considerados por la Declaración de Impacto Ambiental otorgada a la empresa por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El mismo error y omisión se cometió en el proyecto Castor en Castellón. Allí, durante las operaciones de reinyección de gas se produjeron más de 400 seísmos que obligaron a abandonar el almacén subterráneo. Además, ha quedado una deuda pública cercana a los 4.400 millones de euros que tendrá que sufragar la ciudadanía».
Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace, ha explicado a EneregyNews que «pareciera que Gas Natural lo que está buscando es una indemnización por que sabe de sobra que el proyecto es inviable porque es un espacio natural no ya protegido sino hiperprotegido con decenas de figuras de protección ambiental a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel interenacional por decenas de declaraciones de protección ambiental«.
El hecho es que si la Junta de Andalucía plantea una reclamación responsabilidad patrimonial que podría alcanzar la cifra de 358 millones de euros y Gas Natural dice que se ha gastado 200 millones, la compañía se embolsaría 158 millones, señalan fuentes cercanas al proceso.
Barea nos ha explicado que las consecuencias ambientales del proyecto pueden ser muchas, una es la contaminación dado que toda la zona es una acuífero del cual se nutre toda la población, ya no sólo para abastecimiento urbano sino también para todas las actividades económicas y agrícolas de la zona.
