El pasado 31 de marzo, el BOE publicó el Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Las pequeñas comercializadoras del mercado libre temen que la aprobación de este Real Decreto-ley pueda afectar gravemente al sector y acabar con la existencia de muchas de ellas.
Como publicábamos recientemente, el Gobierno anunciaba un Real Decreto-ley para paliar los efectos de la crisis provocada por el COVID-19 en los trabajadores y autónomos, entre las que se encontraba la opción de acogerse al Bono Social, la suspensión temporal de suministro o la bajada de potencia sin coste para el consumidor.
Aunque las medidas pueden parecer en un primer momento bien intencionadas, podrían acarrear un duro golpe para las pequeñas comercializadoras del mercado libre, menos potentes financieramente que las “grandes eléctricas”. Según ha podido saber EnergyNews de fuentes del sector, la medida podría suponer una vuelta atrás en el tiempo y una pérdida de competitividad grave en el sector, al reducirse drásticamente el número de actores.
Según ha podido saber EnergyNews de fuentes del sector, la medida podría suponer una vuelta atrás en el tiempo y una pérdida de competitividad grave en el sector, al reducirse drásticamente el número de actores.
Desde luego crea debate en el sector liberalizado que la energía sea considerada un bien esencial, al igual que la vivienda o la alimentación, pero que sea sólo a las empresas energéticas a las que se les pida el esfuerzo de soportar la financiación de sus clientes. Y es que el Real Decreto-ley establece que las empresas y autónomos perjudicados por la crisis podrán acogerse a una prórroga en el pago de sus facturas de hasta seis meses a partir de la finalización del periodo de alarma. Según nos explican desde fuentes del sector, las comercializadoras adelantan el dinero en la compra de energía que sus clientes les contratan, antes de ser suministrada.
El Real Decreto-ley establece que las empresas y autónomos perjudicados por la crisis podrán acogerse a una prórroga en el pago de sus facturas de hasta seis meses a partir de la finalización del periodo de alarma.
Aunque el Gobierno ha gestionado la solicitud de avales ICO para la obtención de financiación desde los bancos, las comercializadoras no confían en que estos créditos llegasen en tiempo y forma, de tal manera que muchas de estas pequeñas empresas no podrán asumir el esfuerzo que esto supone y se verán abocadas a la desaparición
Gestiones e impagos
Algunas pequeñas comercializadoras como Ecovatios, un referente en la comercialización de energía verde, se puso en contacto con sus clientes para aconsejarles la interrupción del servicio o la reducción de la potencia contratada. De esta forma, ambos saldrían beneficiados, nos comentaba Carlos García Buitrón, director general de Ecovatios:
“Nos anticipamos, y al día siguiente del establecimiento del estado de alarma contactamos con los clientes para bajar la potencia en los casos de negocios que habían cerrado o para ajustarla, y la realidad es que no nos ha afectado tanto. Por el momento tenemos pocas solicitudes de suspensiones de pagos o de suministro.”
De esta manera a las comercializadoras no les genera tanta carga financiera al no tener que adelantar tantos peajes, y la deuda que tengan que afrontar los clientes frente a las distribuidoras no será tan grande.
Otra cosa, nos comentan desde el sector, es que una vez finalizado el periodo de seis meses se descubrirá realmente cuántos impagados hay, y serán las comercializadoras las que tengan que hacer frente a los impagos de sus clientes frente a las distribuidoras. Aquí se pueden producir dos variantes: que la comercializadora asuma el pago, o que se declare insolvente y la deuda sea asumida por el sistema y engrose el déficit de tarifa. En este último caso, los impagos serían sufragados por las comercializadoras restantes que repercutirían el coste sobre el los consumidores finales.
En este último caso, los impagos serían sufragados por las comercializadoras restantes que repercutirían el coste sobre el los consumidores finales.
Repercusiones y quejas de las pequeñas comercializadoras del mercado libre
El sector se queja de que, si bien las medidas están bien intencionadas, el resultado puede beneficiar a las grandes eléctricas, que son las dominadoras del mercado. Por una parte, para que un autónomo pueda acogerse al Bono Social, debe primero cambiar a una comercializadora de referencia para que su contrato pase al mercado regulado (PVPC). Una vez que finalice el periodo de acogida al Bono Social, es muy difícil que el cliente vuelva a la comercializadora de mercado libre, ya que por lo general, son las grandes eléctricas las que tienen diferentes comercializadoras en el mismo grupo y las empresas serán captadas con nuevas ofertas en el mercado libre. Además, las grandes eléctricas están haciendo campañas lícitas de financiación de los recibos energéticos a doce meses, que son muy interesantes en estos días de parón general.
Por otra parte, y además de la pérdida de clientes que esta medida puede suponer, el adelanto de los costes de energía y los peajes de acceso de sus clientes, puede suponer a las comercializadoras de mercado libre un alto coste financiero, que como decíamos, puede llevarlas a su desaparición por falta de financiación. En ese caso, el mercado quedará muy reducido y sería una vuelta atrás en el largo camino hacia la liberalización.
Además, según nos detallan fuentes del sector, las solicitudes de suspensión temporal de suministro que están solicitando las comercializadoras en representación de sus clientes, están siendo desoídas por parte de las distribuidoras, lo que está generando un verdadero caos administrativo. Se da la circunstancia de que hay coincidencia de propiedad de algunas distribuidoras con comercializadoras como de todos es sabido.
Estas demoras causan, no sólo quebraderos de cabeza, sino grandes pérdidas financieras a las más pequeñas.
EnergyNews ha querido plasmar la opinión del sector mediante la entrevista a varios responsables de comercializadoras del mercado libre. La mayoría ha ejercido su derecho al anonimato. Agradecemos el tiempo que nos han dedicado.
Creo que lo razonable es simplemente un decreto para facturar sólo la potencia registrada en cada caso, hasta que vuelva a haber actividad, e independientemente de la contratada y sin tener que hacer nada. No creo que esto perjudique a la red ni al sistema, si no es sólo por dejar de obtener beneficios por algo que no se esta utilizando, por otra parte, según tengo entendido incluso la potencia contratada total es superior a la que el sistema puede soportar, por lo que se estaría garantizando una calidad del servicio que en realidad tampoco existe, aunque debería de citar alguna fuente para avalar esta información. Gracias.