Los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación por la crisis del COVID-19 tendrán derecho a acogerse al bono social de electricidad. Repasamos todas las medidas complementarias que contempla el Real Decreto-ley emitido el martes.
El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley el pasado martes con medidas complementarias para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 en los trabajadores. En concreto, aquellos afectados por despidos y los autónomos que no pueden trabajar y que hayan visto su facturación reducida podrán acogerse de forma excepcional y temporal al bono social de electricidad.
Los requisitos para acogerse al bono social de electricidad exigen ser una persona física con derecho a contratar la tarifa regulada PVPC, tener una renta igual o inferior a determinados umbrales que figuran en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como una acreditación que asegure que «están afectados por medidas de regulación de empleo adoptadas por sus empresas, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75% en promedio respecto al semestre anterior».
Del mismo modo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha dispuesto que las empresas y autónomos puedan suspender sus contratos de suministro de forma temporal o cambiar la modalidad de contrato sin penalización.
Según el borrador del RD al que ha tenido acceso Europa Press, en el caso de los umbrales del IPREM van desde 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar; a 3 veces el índice de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar; a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
Esta condición de consumidor vulnerable se extinguirá una vez dejen de darse esas circunstancias. Es el consumidor quien tiene la obligación de comunicarlo al comercializador de referencia. Con todo ello, la condición de consumidor vulnerable no se extenderá más de 6 meses.
Cambio de contratos y ajuste de potencia sin costes
Del mismo modo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha dispuesto que las empresas y autónomos puedan suspender sus contratos de suministro de forma temporal o cambiar la modalidad de contrato sin penalización.
También es posible cambiar el peaje de acceso, así como el ajuste de potencia contratada sin asumir ningún coste. Una vez concluya el estado de alarma, se podrán volver a ajustar de manera gratuita.
Ajustes de los contratos en el gas natural
Con el objetivo de minimizar los costes fijos de los titulares de puntos de suministro cuya actividad y, por tanto, consumo de gas natural se han visto reducidos, se hacen necesarios mecanismo para ajustar la capacidad contratada de los puntos de suministro a las necesidades actuales, pudiendo llegar a suspender de manera temporal el contrato sin asumir ningún coste.
Para autónomos y pymes, se hace vital la adopción de medidas dirigidas a reducir sus costes energéticos, por ello se establece un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y otros derivados del petróleo..
Según informa Europa Press, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que las facturas que se suspendan podrán ser abonadas en los 6 meses posteriores a la finalización del estado de alarma.
Las eléctricas no pagarán peajes
Además, el RD exime a las comercializadoras y distribuidores de afrontar el pago de peajes durante el periodo de suspensión del pago.
Con el objetivo de reducir la presión financiera sobre estas empresas, el Gobierno permite que puedan acceder a la línea de avales puesta en marcha para combatir la crisis, además de a cualquier otra línea de avales que se pueda poner en marcha. La cantidad avalada será igual a la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de las compañías.
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