El Consejo de Ministros ha aprobado, dentro del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, una serie de actuaciones destinadas a ayudar a la industria electro y gas intensiva que suman 488 millones de euros.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado “estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales de gran consumo energético en un momento difícil motivado por la guerra injusta de Putin en Ucrania. El paquete de medidas aprobadas son un instrumento eficaz para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo”.
Ayudas a la industria electro y gas intensiva
En primer lugar, se aplicará un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva consistente en una reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad aplicables en cada momento. Esta medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 y supone un coste de 225 millones de euros.
A continuación, se destinarán 125 millones de euros en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 empresas, de las cuales el 88% son pymes. Los sectores que se van a beneficiar de estas ayudas son el papel y el cartón, el vidrio y la cerámica.
Por otro lado, el Gobierno ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar la convocatoria para la concesión de las subvenciones recogidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. Así, el importe máximo autorizado asciende a 73,6 millones de euros.
Por último, el consejo de ministros ha aprobado un aumento de 65 millones de euros para compensar los costes de emisión de CO2 para este año. De este modo se alcanza un total de 244 millones de euros, permitiendo llegar el máximo autorizado por la Comisión Europea. Este mecanismo permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.
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