A falta de poco más de dos meses para que se cumpla el plazo establecido para que las empresas españolas presenten la Auditoría Energética, una encuesta de A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética) revela que la mitad todavía no habría iniciado el proceso de contratación. A partir del 14 de noviembre, serán las Comunidades Autónomas las que deban realizar las inspecciones.
Como ya os comentábamos en febrero, España finalmente traspuso la Directiva Europea 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética con el RD 56/2016. El Real Decreto afecta a las grandes empresas, y más concretamente a las que tengan más de 250 trabajadores y/o tengan un volumen de negocio que exceda de los 50 millones de euros. Desde la publicación del RD se establecía un periodo de nueve meses para presentar la primera auditoría energética (14 de noviembre) y a partir de ahí, cada cuatro años.
Comunidades Autónomas
Serán a partir del 14 de noviembre las que deberán inspeccionar el cumplimiento de la normativa, aunque según A3e «ninguna administración autonómica ha hecho público, al menos por escrito, los criterios que van a seguir para evaluar la conformidad de las auditorías y/o los sistemas de inspección y control que van a poner en marcha». Si bien en la feria GENERA se habló de un consenso entre MINETUR y las CCAA, en cuanto a algunas dudas interpretativas del RD 56/2016, este documento no se ha llegado a publicar y existe una gran desinformación entre las empresas obligadas a realizar la auditoría.
Según un estudio de A3e publicado a finales de julio, la mitad de las grandes empresas aún no habían iniciado el proceso de contratación de la auditoría energética y el 28% de los trabajos presupuestados no cumplirían con el alcance mínimo exigido por el Real Decreto.
Desconocimiento
Del estudio realizado se advierte una gran falta de información sobre la normativa que deben cumplir las empresas, ya que ni las propias Comunidades Autónomas, que son las que deben inspeccionar su cumplimiento, han publicado los criterios mínimos exigibles. De esta forma, va a ser complicado que las CCAA puedan garantizar la calidad de los trabajos que se lleven a cabo y los objetivos de ahorro marcados.
