Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, valora el inicio de los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025, disposición que ha recibido la conformidad del último Consejo de Ministros del año.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado los trámites del anteproyecto de ley proponiendo una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
El Gobierno avala así la propuesta de tasas a estas actividades para el segundo periodo regulatorio que había realizado el pasado mes de noviembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables.
Con el objeto de avanzar hacia un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad el colectivo de productores fotovoltaicos no pueda modificarse hasta el año 2031. De esta manera, el anteproyecto garantiza a los productores que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, a partir del 1 de enero de 2020. Una vez concluyan los trámites del anteproyecto, el texto volvería al Consejo de Ministros para su aprobación y, en su caso, remisión a las Cortes como proyecto de ley.
De vuelta a la seguridad jurídica del sector
Anpier considera este anteproyecto como el inicio de la recuperación de un sector que ha sido duramente maltratado durante la última década; un colectivo formado por 60.000 familias que, atendiendo un llamamiento del propio Estado español, destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y que, sin embargo, «había sido sometido a recortes desmesurados que obligaron a la refinanciación para evitar quiebras familiares generalizadas».
“No hay transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, hemos logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya inevitable cambio climático», ha declarado el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca. «La energía fotovoltaica es la llave definitiva que permite a nuestra sociedad producir energía limpia y barata sin contaminar el Planeta y sin ocasionar daños a la población, un milagro hecho realidad por nuestro gran colectivo social”, concluye .
A juicio de Martínez-Aroca, con el anteproyecto de ley “se ha dado un primer paso en el camino de vuelta a la seguridad jurídica del sector renovable español, denostado en todo el mundo por el quebranto ocasionado tanto a los inversores nacionales como a los internacionales; sin embargo, es preciso consolidar el mandato del Consejo de Ministros para que este anteproyecto termine siendo efectivo”.
Por otra parte, ha recordado Martínez-Aroca “habrá que continuar avanzando hasta alcanzar una restauración justa y equilibrada, puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013, dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en muchos casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida”.
Por otra parte, según el Ministerio para la Transición Ecológica y con el objetivo de fijar un marco retributivo estable a las instalaciones de renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 y «lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes», el anteproyecto propuesto por el Gobierno garantiza a sus titulares que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020.
